El Consejo Escolar Municipal de Manises rechaza de forma unánime la ‘Ley Rovira’

El Consejo Escolar Municipal de Manises ha rechazado de manera unánime la ‘Ley Rovira’, norma aprobada el mes de junio de 2024 en las Cortes Valencianas que incluye la consulta a las familias de la elección de la lengua base en los centros educativos, porque considera que no respeta los derechos de la infancia y va en contra de leyes de rango superior, como el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Manises, Carmen Moreno, ha asegurado que “la Generalitat Valenciana, con esta nueva ley, se ha propuesto sembrar la confrontación y el odio entre las familias que tienen hijos e hijas en edad escolar”. “Tenemos que proteger el valenciano por ser la lengua minoritaria y minorizada; la lengua es un derecho humano y toda la ciudadanía tiene derecho a conocerla, hablarla, usarla y, en definitiva, aprenderla con recursos públicos a través de la educación, porque las lenguas son puentes que unen y nos abren puertas”, ha añadido Moreno.

El máximo órgano de consulta y participación preceptivo de la comunidad educativa manisera, el Consejo Escolar Municipal de Manises, muestra su rechazo unánime a la ley 17/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la cual se regula la libertad educativa porque “no podemos estar de acuerdo con una ley que no vela por el interés superior de nuestro alumnado, y que no atiende los acuerdos que esta comunidad educativa había tomado en el programa lingüístico de nuestro Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural (PEPLI), aprobado por la Conselleria”, según la carta que se envía a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, que dirige José Antonio Rovira.

Las alegaciones a la ‘Ley Rovira’ advierten de que la consulta que deja en manos de las familias la elección de la lengua en la escuela entre valenciano y castellano es “aleatoria” y que la decisión de las familias no puede ir “en contra del interés superior de su hijo o hija, ni tienen la formación adecuada en metodología de aprendizaje de lenguas, para condicionar la enseñanza de los centros escolares”, lo cual se opone a la ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana, entre otros argumentos.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía, norma de rango superior, como lo es la Constitución Española, recoge que la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano y es el idioma oficial, igual que el castellano, de forma que la Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, además de adoptar las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. Por lo tanto, la aplicación de la nueva ley educativa no sigue el principio de jerarquía jurídica, un hecho que va en contra de la jurisprudencia.

A través del procedimiento de consulta de la lengua base que establece la mencionada ley de libertad educativa, “serán los representantes legales del alumnado y no los centros, quienes eligen la lengua vehicular de sus hijos e hijas para su futura etapa educativa, bien sea en el proceso de admisión al iniciar la etapa o bien durante el nivel que estén cursando para el 2025-26”.

En la consulta exigida por la Generalitat Valenciana, que se abre el próximo 25 de febrero, podrán participar las familias de alumnado matriculado en centros públicos y concertados en el 2.º ciclo de Infantil, el ciclo de Primaria y los tres primeros cursos de ESO, así como las familias de alumnas de aulas de dos años en colegios públicos que pueden continuar escolarizados en el mismo centro.