El PP rechaza el nuevo reglamento de prestación del servicio de alcantarillado
La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llíria, Reme Mazzolari, ha defendido, en el último pleno municipal, que el nuevo reglamento de prestación del servicio de alcantarillado que el Gobierno del PSOE, Compromís-MOVE y Llíria Puede han aprobado inicialmente está encaminado a crear una nueva tasa municipal, por lo que los populares lo han rechazado.
En esta línea, la dirigente popular ha explicado que "en varios artículos del reglamento surgen dudas de legalidad, por lo que estamos estudiando llevarlo a los tribunales" y ha lamentado que "en una cuestión tan importante como esta no se haya buscado el consenso con todos los grupos políticos y trabajarlo de manera conjunta".
De la misma manera, ha señalado que "es incomprensible que se haya llevado al pleno con carácter de urgencia", por lo que se ha preguntado "qué prisa tienen por poner un nuevo impuesto a la ciudadanía". Además, ha indicado que "haciendo gala del oscurantismo del Gobierno de izquierdas, no han dado participación a los vecinos, ni tan siquiera a los más afectados que son los que viven en las urbanizaciones".
Asimismo, ha criticado que "el Gobierno de izquierdas no haya dado publicidad a este asunto, excepto el estrictamente obligatorio en el procedimiento administrativo" en alusión a las reuniones intensas que durante los años de Gobierno del PP realizaban las concejalas de MOVE Elena Jiménez y Mari Cruz García Pedrero con los vecinos de las urbanizaciones para "intoxicar y dar versiones sesgadas con el objetivo de desinformar" sobre la ordenanza de vertidos que el Ayuntamiento tiene obligación de cumplir, mientras ahora no han hecho estas reuniones vecinales.
Mazzolari ha recordado que "después de que los tribunales le hayan dado la razón a la gestión del PP, de que los vecinos tienen la obligación legal de hacer frente a las obras de urbanización del alcantarillado o instalar depuradoras para no contaminar el subsuelo, porque de los contrario, tal y como marca la ley, serán sancionados, ahora las concejalas de MOVE tendrán que explicar a los vecinos de las urbanizaciones que el PP tenía razón y que la gestión ha sido impecable".
Imposición de una tasa discriminatoria
"En estos momentos sólo pagan aquellos vecinos que tenemos alcantarillado, pero el Gobierno de izquierdas quieren con este reglamento que la tasa la paguen tanto los que tienen como los que no", ha criticado la dirigente popular, quien ha explicado que "en el artículo 36 del reglamento crean la obligación de contratar este servicio y en el artículo 46 obligan a contribuir a la financiación del mismo toda la ciudadanía".
Así, ha advertido que "como la actual concejala de MOVE, Elena Jiménez, ha perdido la causa en los tribunales contra la gestión del PP, ya no le quedan argumentos y pretende ahora que paguen también los vecinos que no tienen alcantarillado, a los engañó asegurándoles que firmando una alegación no tendrían la obligación de cumplir la ordenanza de los vertidos".
Mazzolari ha afirmado que "lo que el Gobierno de izquierdas quiere con este reglamento es financiar un servicio de vigilancia para poder sancionar a aquellos chalets que no cumplan la ley, pero si en lugar de estar años engañándolos hubieran hecho una oposición seria y les hubieran contado la verdad, posiblemente hoy habrían menos vecinos en esta situación" y ha añadido que "lo lógico y lo responsable es informar bien para cumplir la ley y no aprovechar el dinero de los vecinos, como ha hecho MOVE, para pagar juicios absurdos y ahora tener que poner multas que es lo que va a tener que aplicar el Ayuntamiento, mande quien mande, porque la ley es la ley y hay que cumplirla".
