La oficina de asesoramiento sobre desahucios de Llíria atiende a 44 personas en dos meses
El Ayuntamiento de la capital del Camp de Túria acoge este servicio impulsado por la Diputación y el Colegio de Abogados de Valencia
La oficina de asesoramiento sobre desahucios ubicada en las dependencias municipales de Llíria ha atendido a un total de 44 personas en los dos meses que lleva en funcionamiento. La Diputación de Valencia y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, prestan este servicio de asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos afectados por el impago de hipotecas de los 41 municipios del partido judicial de Llíria.
De los 44 casos atendidos, 21 corresponden a vecinos de Llíria, 20 a poblaciones del Camp de Túria y 3 a localidades de la comarca de los Serranos. En algunos de ellos se ha logrado una renegociación del pago de la hipoteca con la entidad bancaria y en otros se han aportado también distintas alternativas a la situación concreta de cada uno, mientras que el resto siguen tramitándose.
El alcalde Manuel Izquierdo ha explicado que, “prácticamente, casi todos los primeros procedimientos que se trataron pertenecían a residentes del municipio edetano, pero conforme se está conociendo el servicio están viniendo muchas más personas de otras poblaciones”.
El primer edil ha valorado “muy positivamente este servicio ubicado en Llíria, porque presta una gran ayuda de forma gratuita a personas que se encuentran en una situación económica y social muy complicada al no poder hacer frente al pago de sus hipotecas”.
Hay que recordar que esta oficina ofrece al ciudadano asesoramiento jurídico, mediación, intermediación y negociación sobre préstamos y arrendamientos relativos a la vivienda habitual; las actuaciones reguladas en el Real Decreto-ley 6/2012, del 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; las solicitudes de suspensión de alzamientos previstas en el Real Decreto-ley 27/2012, del 15 de noviembre, para quienes se hallan en “situación de vulnerabilidad” y reúnen las circunstancias económicas de esta norma legal; y cualquier otra actuación con las entidades bancarias en interés de quienes no pueden pagar las cuotas de sus préstamos hipotecarios sobre su residencia habitual.
