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El PP denuncia ante el TSJCV el proceso de contratación de las obras del centro de recepción de menores

    La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y miembro de la gestora del PP de la provincia de Valencia, Reme Mazzolari, ha anunciado hoy que el Grupo Municipal del Partido Popular de Llíria ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una demanda de recurso contencioso administrativo contra la resolución aprobada por el Gobierno de Manolo Civera para contratar las obras del centro de recepción de menores de Llíria.

    Mazzolari ha lamentado que "el alcalde Manolo Civera se ha empeñado en instalar en Llíria el centro de recepción de menores de toda la provincia de Valencia, a pesar de las advertencias del PP sobre el proceso de dudosa legalidad que está llevando a cabo" y ha destacado que "desde el PP defendemos nuestro municipio no es el lugar idóneo para instalar esta infraestructura, dada la carencia de muchos servicios supramunicipales que este tipo de centro requiere para garantizar una atención de calidad a los menores usuarios de este recurso".

    La portavoz popular ha indicado que "es insólito que ante las dificultadas reales que plantea la rehabilitación del edificio de El Prat en el que se pretende instalar el centro de recepción de menores, dado su mal estado estructural y la insuficiencia económica de la subvención para abordar las obras, el alcalde y su equipo de Gobierno no paralicen el proceso de contratación y hayan seguido dando pasos para adjudicar la ejecución del proyecto".

    "Ante ello, el Partido Popular de Llíria nos hemos visto obligados a denunciar la situación, primero en los plenos del Ayuntamiento y en diversas asambleas vecinales, más tarde presentando un recurso de reposición ante los servicios jurídicos municipales que se desestimó sin argumentos y finalmente, no nos ha quedado otra opción que la de recurrir ante la justicia", ha asegurado la dirigente popular.

    Presuntas irregularidades en el proceso

    Del mismo modo, Mazzolari ha asegurado que "hemos interpuesto una demanda judicial pidiendo la suspensión cautelar de la adjudicación de la obra, en la cual se argumentan las presuntas irregularidades, que a nuestro entender, se han dado en todo este proceso". La primera de ellas, no cabe la atribución a un ayuntamiento de una competencia propia de la Diputación, pues ello no está permitido en nuestra legislación.

    La segunda, no hay crédito suficiente, el proyecto técnico de ejecución, ya que establece un presupuesto total de obras de 1.755.517,15€ y conforme el convenio firmado entre la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Llíria, la subvención para financiar las obras de 'Construcción de un centro de recepción de menores' tiene un importe máximo de 910.478,50€.

    La tercera, el convenio suscrito en 2017 para la construcción de un centro de recepción de menores no permite el fraccionamiento por lotes de la obra a ejecutar. La cuarta, se está fuera de todo plazo establecido en el convenio, dado que la 'Justificación final de obras' debía estar con fecha 31/12/2018, por lo que la adjudicación de esa obra, en estos momentos, sería nula, salvo que lo pague el Ayuntamiento de Llíria con recursos propios.

    Y por último, tal y como explica Mazzolari, "no podemos pagar los vecinos y vecinas de Llíria algo no previsto en el presupuesto municipal aprobado por el pleno y más aún del importe que se está hablando, tratándose además de una obligación de la conselleria de Políticas Inclusivas e Igualdad, que dirige Mónica Oltra".

    Informe del interventor

    Mazzolari ha destacado que "los populares esperamos que la justicia nos de la razón, tal y como ya ha hecho el interventor municipal en su último informe en el que solicita al equipo de Gobierno de Civera que anule la adjudicación de las obras del centro de recepción de menores tras detectar la inexistencia de crédito".

    "Creemos que este proyecto debiera haber sido objeto de consulta ciudadana, ya que ningún partido político que concurrió a las elecciones en 2015 lo llevaba en su programa electoral", ha recordado Mazzolari, quien ha señalado que "es inadmisible que en un estado democrático de derecho, el alcalde socialista ignore las demandas de los ciudadanos, a pesar de que se presentaron más de 3.800 firmas que pedían una consulta popular, e imponga este centro junto a la vicepresidenta Mónica Oltra".

     

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