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PP: “Tania Baños reduce 62.000 € de educación para destinarlos a autobombo”

PP: “Tania Baños reduce 62.000 € de educación para destinarlos a autobombo”

    En lo que va de año, la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños (PSOE), ha reducido en 62.000 € la partida de educación para destinar esa cantidad a publicidad, propaganda y al lucimiento personal de la primer edil y de sus socios de gobierno.

    La portavoz adjunta del Partido Popular de la Vall d’Uixó, Gema Domínguez, ha asegurado que “aquellos que cuando están en la oposición se ponen detrás de la pancarta para apoyar una educación pública y de calidad, cuando tienen la oportunidad de gobernar quitan dinero de educación para aumentar la partida de publicidad y dedicar ese dinero al lucimiento personal y partidista de la alcaldesa de la bancarrota”.

    Así, desde el PP de la Vall d’Uixó han pedido a Tania Baños y a sus socios de gobierno que el remanente que existe en Xarxa Llibres se debe usar únicamente en el ámbito educativo. Por ello, “vamos a pedir al tripartito que dedique ese dinero a la educación, a dotar de más recursos a la biblioteca y agencia de lectura porque estamos hartos de que mes tras mes se aumente la partida de publicidad y autobombo”. “Desde el PP queremos que se destine el resto de la partida de Xarxa Llibres a mejorar los recursos y la calidad educativa de nuestros niños y jóvenes”.

    En el presupuesto de 2016, el tripartito formado por PSOE, EU y Compromís destinan 314.000 € a la partida de publicidad y propaganda, lo que supone 140.000 € más que en la legislatura anterior, con el PP en el gobierno municipal.

    Gema Domínguez ha destacado los problemas que en el ámbito educativo e institucional ha supuesto el programa Xarxa Llibres; con una improvisación total por parte del conseller Vicent Marzà y una deslealtad institucional porque involucró a las diputaciones y ayuntamiento sin conocer si estas administraciones contaban con los recursos económicos suficientes. La portavoz adjunta del PP ha señalado que el Xarxa Llibres supone un grave compromiso institucional porque la mayoría de los ayuntamientos han hecho frente al pago con informes en contra de la intervención, con las consecuencias jurídicas que supone ordenar el pago con informes en contra del interventor.

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