El TSJ da la razón al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y niega que el oficial mayor sufriera acoso laboral
El oficial mayor, que cobraba alrededor de 5.000 € al mes, pedía 30.000 € en concepto de indemnización más 150.000 € correspondientes al periodo en el que estuvo de baja
La concejala de Personal del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, Elena Vicente-Ruiz, ha dado a conocer la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana quien ha aceptado el recurso de apelación interpuesto por el consistorio contra la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castellón que obligaba al consistorio a indemnizar con 30.000 € al oficial mayor, Gregorio López, por un presunto caso de acoso laboral. El funcionario aseguró en su día haber sufrido acoso laboral tanto por parte de la ex alcaldesa, Isabel Bonig, como del equipo de gobierno.
Vicente-Ruiz ha asegurado que es “una buena noticia de la que nos sentimos muy satisfechos porque la sentencia es justa”. Para Elena Vicente-Ruiz, esta sentencia, contra la que no cabe recurso, avala que la política de personal en el Ayuntamiento es “transparente, legal y justa”.
En este sentido, la edila vallera ha recordado que en 2010 el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castellón dictaba que el oficial mayor había sufrido un proceso de acoso por parte del equipo de gobierno anterior. Así pues, Vicente-Ruiz ha explicado que el oficial mayor se quejaba porque “lo habíamos cambiado de despacho sin ningún motivo, que no tenía conexión a Internet, que no tenía impresora en su despacho, que se le había sacado del gabinete jurídico municipal y se le había quitado del consejo de administración de Emsevall”. Según el funcionario, que Elena Vicente-Ruiz ha apuntado cobraba 5.000 € al mes, le había producido un estado de ansiedad y psicológico por el que había tenido un proceso de baja muy largo.
Esta sentencia condenó al Ayuntamiento a pagar al oficial mayor 30.000 € en concepto de indemnización, aunque en el recurso de apelación pidió 150.000 € durante el periodo en el que estuvo de baja.
Ahora la sentencia del TSJCV revoca esa sentencia y “dice que en ningún caso sufrió ningún proceso de acoso laboral, sino que las decisiones que tomó el equipo de gobierno forman parte de la libertad de autoorganizar la administración, que en ningún caso se ha podido demostrar que esta persona, uno de los altos cargos de la casa que en la anterior legislatura vino a trabajar muy pocos días, sufriera acoso”.
Así pues, Elena Vicente-Ruiz ha asegurado que durante la legislatura anterior el equipo de gobierno sufrió una campaña de desprestigio y la sentencia de lo contencioso-administrativo “sirvió a los sindicatos para estar cuatro años criticando a este equipo de gobierno de sectarios”. “Incluso el PSOE –ha continuado la edila- auguraba más sentencias contra la política de ‘terror’ de Isabel Bonig. Y la realidad es que hemos ganado todos los casos en materia de personal recurridos por los sindicatos”. En este sentido, Vicente-Ruiz ha apuntado que durante estos años “hemos soportado declaraciones sangrantes contra la ex alcaldesa y el equipo de gobierno”.
