Vicente-Ruiz acusa a los técnicos de ser responsables de las sentencias en contra con Secopsa

La concejala del Partido Popular de la Vall d´Uixó, Elena Vicente-Ruiz, ha acusado a los técnicos municipales de ser los culpables de que que el Ayuntamiento tenga tres sentencias en contra con la empresa de limpieza viaria y recogida de residuos, Secopsa. Además, Vicente-Ruiz también hizo referencia a que el contrato que mantiene el Ayuntamiento con la compañía “es de difícil interpretación”.

Estas afirmacions, para el concejal del Grupo Municipal Socialista Manel Jorge, son “una barbaridad” y “el colmo, porque quien firmó el contrato con Secopsa fue la anterior alcaldesa del PP, Isabel Bonig, y el actual alcalde y entonces concejal de Urbanismo, Óscar Clavell”.

Jorge cree que “la responsabilidad de que el pueblo esté más sucio que nunca es del PP, y también de que la ciudadanía pague demasiado por el servicio que se da, de que la empresa cumpla las cláusulas del contrato y que aún se tengan que pagar sentencias en contra o intereses de demora”.

“La culpa no es de los técnicos municipales, y Elena Vicente-Ruiz es una irresponsable y una cobarde por hacer esa afirmación”, ha dicho.

En su opinión, “todo lo que pasa con Secopsa es responsabilidad del PP, con una gestión desastrosa del dinero público porque a todos los intereses de demora que se han pagado y que se han denunciado la semana pasada, hay que añadir 880,35 euros más a Secopsa”.

“Tanto que dice el PP –ha continuado- de que se está pagando todo en tiempo y forma, es mentirà. Todos los meses surgen nuevas facturas con intereses de demora porque, en realidad, el Ayuntamiento del PP no paga ni en tiempo ni en forma”.

Para el edil, “esta es la desastrosa gestión económica que hace el PP y, aún más, están los reparos que la Intervención ha puesto durante 2014 a algunos pagos que ha ordenado Óscar Clavell con el informe contrario de los técnicos”.

Entre otros, se han concedido becas sin convocatoria prèvia: “No constan en el expediente las bases reguladoras, ni los informes del órgano instructor y órgano colegiado” .

Además, se ha pagado el cien por cien de subvenciones que no están justificades correctamente “por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales”. Se han hecho contratos con empresas sin un procedimiento correcto: “En el procedimiento negociado es necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, debiendo quedar constancia en el expediente. De la documentación obrante en el expediente, no queda acreditada ni la capacidad de las empresas ni la recepción de la invitación”.

Se ha comprado un local por valor de 233.750 euros con los informes en contra de intervención y el secretario.