El servicio de mediación hipotecaria de la Vall d’Uixó ha negociado diez daciones en pago en año y medio
El gobierno de Óscar Clavell puso en marcha en 2013 este servicio pionero y gratuito en la provincia de Castellón
El servicio de información y mediación hipotecaria que el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó puso en marcha en enero de 2013 ha realizado 412 asistencias a usuarios. De estas atenciones, 26 han finalizado con seis daciones en pago, doce refinanciaciones y cinco códigos de buenas prácticas.
Asimismo, hay en negociación otros 29 casos de los que cuatro se ha conseguido la dación en pago, en dieciocho casos se está negociando con el banco y en siete se ha aplicado el código de buenas prácticas.
La portavoz municipal, Elena Vicente-Ruiz, ha asegurado que se trata “de uno de los servicios pioneros en la provincia de Castellón que instauramos ante la gran preocupación de este equipo de gobierno de las familias que estaban en una situación complicada y seguramente a punto de perder su vivienda”.
Así pues, la portavoz ha apuntado que “nos hicimos cargo de esta situación y pusimos en marcha este servicio gratuito porque era voluntad del alcalde proteger una situación familiar preocupante”. Vicente-Ruiz ha recordado que a nivel nacional el Gobierno de España ha modificado la ley hipotecaria con la incorporación voluntaria del Código de Buenas Prácticas.
Elena Vicente-Ruiz ha asegurado que “nos sentimos muy orgullosos de este servicio que se presta en nuestra ciudad y que está formado por una abogada especialista en desahucios con el apoyo del técnico de Infovivienda”.
A esta iniciativa, el gobierno de Óscar Clavell ha sumado otras acciones encaminadas a favorecer las familias valleras que están en una situación extrema. Así pues, en octubre de 2013 se modificó la Ordenanza General de Recaudación para que el Ayuntamiento deje de cobrar la plusvalía a las familias que hayan sido desahuciadas o que hayan negociado una dación en pago. Y, por otra parte, el consistorio no llegará a la subasta de una vivienda de aquellas familias que, según informe Servicios Sociales, no pueden hacer frente a los pagos de impuestos municipales.
