El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó pone en valor los servicios sociales

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó aprobará esta tarde en pleno municipal la ordenanza reguladora de las ayudas económicas de servicios sociales que regula que aquellas personas que soliciten una ayuda social deberá realizar trabajos en beneficio de la comunidad y un convenio de colaboración con la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial para prestaciones en beneficio de la comunidad, libertad vigilada y tareas socioeducativas dirigidas a menores infractores.

“Ambos aspectos que se aprobarán en el pleno a propuesta del Partido Popular demuestran la preocupación y la voluntad del equipo de gobierno del PP, encabezado por Óscar Clavell, al darle importancia a las cuestiones sociales”, ha continuado la portavoz del equipo de gobierno. A ambas iniciativas hay que sumar que las ayudas sociales es el único capítulo que ha aumentado en el presupuesto municipal de 2013 y esto no es más que “una muestra de la voluntad del equipo de gobierno en temas sociales y de estar al lado de los más necesitados, como es el caso de toda la apuesta que hemos llevado a cabo para atender a aquellas familias que son víctimas de los desahucios”.

La portavoz municipal, Elena Vicente-Ruiz, ha asegurado que “con la ordenanza que regula las ayudas económicas de servicios sociales, aquellas personas que necesitan acudir a servicios sociales realicen trabajos que reviertan en la sociedad”.

Vicente-Ruiz ha explicado que los trabajos a realizar son refuerzo escolar; apoyo a los talleres y actividades deportivas; acompañamiento a médicos y gestiones; apoyo en las tareas del hogar; apoyo de proyectos de entidades de iniciativa social, tareas de información; actividades en asociaciones de vecinos. La misma ordenanza establece trabajos de colaboración con entidades sociales como Cáritas, Cruz Roja, Fadem, AFA, Frater, Amas de Casa, Asociación Clara Campoamor, Asociación Mametes i Més, Asociación de Inmigrantes y asociaciones de jubilados y pensionistas.

Elena Vicente-Ruiz ha añadido que estas labores nunca sustituirán el trabajo de los profesionales.

La portavoz municipal ha apuntado que “son tareas de colaboración con la gente que lo necesita”. “Es una especie de voluntariado”, ha continuado Vicente-Ruiz asegurando que “nadie puede dudar de la eficacia y legalidad de protección civil, una organización que realiza labores de voluntariado y de la que nadie duda de su trabajo”.

Esta ordenanza tiene por objeto establecer oportunidades de aportación a la comunidad de las personas que reciben prestaciones sociales; desarrollar la relación de intercambio y colaboración entre el Ayuntamiento y el ciudadano; el intercambio entre las prestaciones asistenciales de servicios sociales del Ayuntamiento y las actividades de colaboración social del ciudadano; contribuir a la movilización y promoción de la persona que recibe apoyo económico de la red de servicios sociales generales mediante su participación en actividades de utilidad sociales, en actividades de colaboración con la comunidad.

La portavoz del gobierno municipal ha lamentado que la oposición no apoye esta ordenanza. “Me extraña bastante este posicionamiento porque parece que la izquierda sea la inventora del voluntariado social y del banco del tiempo y en el momento que el equipo de gobierno lo hace de una manera regulada, asegurándose que las partes estén en unas condiciones óptimas, que este trabajo sea con un seguro y que todo funcione correctamente, entonces están en contra y parece, poco menos, que estemos explotando a las personas”, ha continuado.

Por otra parte, esta tarde se aprobará el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial para prestaciones en beneficio de la comunidad, libertad vigilada y tareas socioeducativas realizadas por menores infractores en ejecución de medidas judiciales en medio abierto.

Elena Vicente-Ruiz ha explicado que este convenio regula que aquellos menores sin antecedentes cambien o computen la pena por trabajos en beneficio de la comunidad. Con esto “conseguimos que los menores no cumplan la pena sino que con los trabajos en beneficio de la comunidad puedan aprender y mejoren su actitud”.

El objetivo de este convenio es “conseguir la integración de los jóvenes infractores colaborando en el desarrollo de programas sociales que suponen un tratamiento educativo”, ha continuado Vicente-Ruiz.

Las tareas tienen carácter socioeducativo y van desde la participación en talleres de formación de habilidades sociales, autoestima, búsqueda de actividades ocupacionales, formación académica, prestaciones tuteladas en servicios municipales de jardinería, carpintería, fontanería, diálogo con el menor sobre el proceso y detección de posibles necesidades o carencias.