Vicente-Ruiz denuncia que la política del anterior equipo de gobierno costará a los ciudadanos de la Vall un millón de €
Vicente-Ruiz ha advertido además que “este equipo de gobierno no va a admitir que se diga de nosotros que no respetamos la democracia y la transparencia, sobre todo cuando estas manifestaciones vienen de quien colocó en la primera planta del Ayuntamiento una cámara oculta que grababa sin su consentimiento a funcionarios, políticos y ciudadanos, y cuya maquinaria estaba camuflada en el despacho del oficial mayor”.
“Por la colocación de la cámara oculta, una actuación totalmente vergonzosa, la Agencia de Protección de Datos nos podría poner una sanción máxima de 300.000 €”, ha subrayado la concejala de Interior.
La edila popular ha ido desglosando las diferentes causas judiciales que emprendió el anterior equipo de gobierno y que están redundando en gasto para las arcas municipales. “Primero despidieron de forma improcedente a un carpintero de la brigada, lo que costó a las arcas municipales 15.000 €”, ha indicado Vicente-Ruiz, quien ha añadido que “después vino el polémico despido por motivos políticos de los barqueros de Sant Josep. Emsevall los despidió y, fue tal el escándalo, que el juez dijo que habría que pagar 281.700 € si no se les readmitía”.
Elena Vicente-Ruiz ha informado que “el anterior equipo de gobierno depositó un aval bancario de 280.000 € para recurrir la sentencia de los barqueros de Sant Josep. Finalmente no la recurrieron, pero ahora nos hemos enterado de que existe este aval, que no está retirado, y por el que ya hemos pagado 12.000 € en concepto de intereses”. La concejala popular ha manifestado que “es indignante lo que PSOE e IU hacían con el dinero público. Si el dinero hubiera sido suyo, habrían estado más atentos para, o bien recurrir la sentencia, o retirar el aval bancario”.
Elena Vicente-Ruiz también se ha referido a las costas judiciales que todavía están pendientes de pago por el enfrentamiento que mantuvo el anterior equipo de gobierno con el sacerdote de la parroquia del Santo Ángel Custodio por la casa del ermitaño. La concejala de Interior ha manifestado que “era más que evidente que se trataba de un inmueble que pertenece a la Iglesia. Aún así, el PSOE se embarcó en un procedimiento judicial que desde un principio sabía que iba a perder, y ahora el Ayuntamiento tiene que pagar todo el coste del procedimiento, esto es, 60.000 €”.
La edila popular también ha indicado que “lo primero que hizo el anterior equipo de gobierno fue no programar el sector de Les Pereres, lo cual ha supuesto, además de un enorme retraso para el desarrollo de la Vall, un coste de 266.000 € para las arcas municipales porque la Agrupación de Interés Urbanístico recurrió esta decisión”.
