La Vall confía en regularizar el Monte Zamora en un año
Una situación irregular que sentará en el banquillo durante los próximos días a los tres últimos alcaldes de la Vall d'Uixó así como sus concejales de Urbanismo después de que dos vecinas de la ciudad han interpuesto una querella criminal contra los últimos tres alcaldes valleros y sus respectivos concejales de urbanismo, una querella que ha sido admitida a trámite en los juzgados de Nules. Cabe recordar que la policía autonómica investigó estas presuntas infracciones urbanísticas en las mismas dependencias de Urbanismo a finales de 2008.
Así pues, Clavell ha explicado que el plan especial incluye, como en cualquier programa de actuación integrada, la construcción de viales, zonas verdes y la instalación de servicios como agua, luz y alcantarillado. En la actualidad, la zona cuenta con viales pero se deberán mejorar los servicios existentes como cualquier zona urbana de la ciudad, así como dotar de iluminación todo el vial de acceso a lo alto del Monte Zamora.
Hasta el próximo 13 de mayo estará expuesta al público la modificación número 23 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que apuntalará cerca de 38.000 metros cuadrados, una vez se cumplan todos los trámites, como zona urbana por consolidación, una zona que actualmente está catalogada en el plan general como zona urbanizable no programado. Esta modificación fue aprobada en el pleno del pasado mes de febrero con los votos favorables de los concejales del PP y del PSOE.
Dicha modificación tiene como objetivo regularizar la situación de las edificaciones e instalaciones ejecutadas al margen del planteamiento. También se señala que esta nueva clasificación del suelo se realiza compatibilizando la misma con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad legalmente exigidos.
La modificación, actualmente en exposición pública, especifica que el ámbito de afección está repartido en ocho manzanas y cinco subzonas. Existen construidas 25 viviendas y se admiten, según consta en la documentación, un total de 27 edificaciones adicionales.
PROCESO JUDICIAL ABIERTO
El primero en declarar, mañana jueves, será el ex alcalde popular y actual concejal de Hacienda y vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, así como el que fuera concejal de Urbanismo durante una de sus etapas, Alfonso López. El viernes llegará el turno de los ex concejales de Urbanismo, uno de la etapa de Aparici, Enrique Segarra, y otro del gobierno de Josep Tur, Olimpia Aznar.
La próxima semana, concretamente el lunes 11 de abril, se espera la comparecencia del actual edil de Urbanismo, Óscar Clavell, y el ex alcalde socialista, Josep Tur. Por su parte, la actual alcaldesa, Isabel Bonig, prestará declaración en el juzgado de Nules el martes 12 de abril, y coincidirá con José Villalba, actual concejal de Servicios Sociales pero que también fue edil durante la etapa de Vicent Aparici. Cerrará el turno de declaraciones la técnica municipal el miércoles 13 de abril.
Desde el Partido Popular han declinado realizar cualquier tipo de declaración al respecto. Por su parte, el ex alcalde socialista, Josep Tur, aseguró estar "bastante tranquilo" porque durante su mandato "las cosas se hicieron como debían de hacerse". Será la jueza, quien tras las diligencias previas, determinará si abre procedimiento judicial.
Según los hechos que aparecen en la querella, los alcaldes permitieron que se llevaran a cabo construcciones ilegales en el Monte Zamora pese a estar prohibida la construcción al carecer de ordenamiento. Todavía hoy en día se puede leer un cartel fijado en 1988, siendo alcalde Vicente Zaragoza (PCE), en el que aparece escrito “el suelo de esta zona está calificado por el vigente Plan General de Ordenación Urbana como no urbanizable” por lo que “la construcción en este terreno no es posible y toda edificación queda sujeta a lo prescrito en el artículo 29 y siguientes del Reglamento de Disciplina Urbanística que obliga a la alcaldía a disponer la demolición total de lo construido a costa del interesado, sin perjuicio de aplicar además la sanción correspondiente”.
En la documentación aportada por las querellantes aparecen varios expedientes de sanción no resueltos por el ayuntamiento, posible apropiación irregular de terrenos, obras sin licencia y requerimientos a los responsables municipales para que resolvieran la situación.
