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Propietarios y ayuntamiento plantean avanzar los trámites del polígono Belcaire y esperar que la situación mejore

Propietarios y ayuntamiento plantean avanzar los trámites del polígono Belcaire y esperar que la situación mejore
    El presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) del Polígono Industrial Belcaire, Vicente Callau, ha asegurado que los propietarios se han reunido con el ayuntamiento de la Vall d'Uixó para estudiar posibles soluciones de futuro para un desarrollo urbanístico que quedó paralizado hace un año tras la renuncia de Edycon, la empresa adjudicataria de las obras de ampliación.

    Así pues, Callau ha explicado que la intención es “estudiar la posibilidad de tramitar el expediente administrativo y técnico, trabajar en el proyecto de reparcelación y toda la tramitación para que cuando se alegre la economía poder llevar a cabo el proyecto”. El presidente de la AIU ha asegurado que la reparcelación es un trámite complejo y tiene un coste mínimo que los propietarios pueden asumir.

    Callau ha asegurado que esta ampliación no puede quedar parada porque “hay que dar una alternativa y suelo a las empresas que buscan instalarse en la Vall o que quieran ampliar sus instalaciones”.

    Respecto a los 751.885,33 euros que la empresa Edycon pide al ayuntamiento en concepto de indemnización por el trabajo realizado, desde el consistorio vallero han asegurado no estar dispuesto a abonar dicha cantidad porque no se he llevado a cabo ningún trabajo sobre el terreno. Además fue la misma mercantil quien de forma voluntaria abandonó la urbanización.

    UNA ADJUDICACIÓN TURBIA
    En junio de 2005, la arquitecta municipal y la jefa del Departamento de Ordenación del Territorio Municipal (DOMT) emitieron un informe, asegurando que “ninguna de las dos alternativas técnicas -la de Edycon y la de la Agrupación de Interés Urbanístico- podría ofrecer base adecuada para la ejecución de la actuación”.

    Pese a dicho informe en contra, el gobierno municipal encabezado por el socialista Josep Tur adjudicaron la obra a Edycon, una empresa presuntamente vinculada al Partido Socialista.

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