Tur lamenta que el coste de las difamaciones del PP sobre la cámara recaiga en los ciudadanos

La Audiencia Provincial de Castellón ha archivado y concluido la investigación de la instalación de la cámara oculta en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y condena a la institución a pagar los costes del proceso. La Audiencia Provincial no ha encontrado ningún delito en la instalación de la cámara como tampoco lo encontró el Juzgado de Nules en su día, a pesar de que el Partido Popular decidió apelar la decisión.

En este sentido, el concejal Josep Tur ha instado a la portavoz del PP, Elena Vicente-Ruiz, “como abogada que es”, a que se lea bien el auto “y deje de enredar” porque no existe ningún delito: “Ni se ha vulnerado la intimidad de nadie, ni se ha manipulado, ni se ha falsificado ninguna factura”. “A ver si, de una vez, se entera ya la mentirosa de Elena Vicente-Ruiz”, ha aseverado.

Además, ha destacado, “se encargó la instrucción del informe que llevaron al fiscal a un policía que es hijo de un ex concejal y ex dirigente de los importantes del PP local, por lo que se pueden sacar conclusiones. Todo montado para que pareciera lo que no era y, mientras, difamar y mentir”.

Tur, que ha puesto a la disposición de la ciudadanía el auto, ha informado de que “nunca se ha negado la existencia de la cámara y, ahora, queda justificada su colocación porque se estaba sustrayendo información personal reservada de expedientes de funcionarios, lo que es muy grave”.

El edil ha insistido en la ratificación de que no existe ningún delito, “como han repetido de forma constante Isabel Bonig, Óscar Clavell, Vicent Aparici y Elena Vicente-Ruiz, que sólo se han dedicado a difamar para desprestigiar a mi persona, a María Dolores Algar y a trabajadores municipales para obtener réditos políticos y electorales”. En su opinión, “Bonig, Clavell, Aparici y Vicente-Ruiz son capaces de hacer esto y más para ganar unas elecciones porque, en ello, les va el sueldo”.

Con todo, Josep Tur ha lamentado que “el coste del proceso no va caer sobre Bonig, Clavell, Aparici ni Vicente-Ruiz porque se han escudado en el consistorio para hacer la denuncia”. “En vez de denunciar desde el PP –ha dicho- se han escudado en el Ayuntamiento para no pagar por si perdían el procedimiento, como así ha pasado, y ahora las consecuencias, que son muchos miles de euros, se tendrán que pagar entre todos los contribuyentes”.

Tur se ha mostrado satisfecho porque, después de más de cuatro años, “se ha reconocido la verdad”.

Por su parte, la ex concejala de Interior María Dolores Algar ha afirmado que “ha sido un montaje político” y ha instado a Bonig, Clavell, Aparici y Vicente-Ruiz “a pedir disculpas por todo el daño moral que se ha hecho durante el tiempo que ha durado el procedimiento”. Incluso, ha añadido, “el propio Aparici dijo que Antonia García sería una candidata al Congreso imputada, lo que nunca ha pasado”. “Él, en cambio, sí que ha estado imputado y condenado”, ha subrayado.

Algar ha manifestado que el equipo jurídico que ha llevado el caso está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales “sobre los que de manera activa y pasiva han contribuido a manchar la imagen personal y política de los afectados”.