La Junta del Personal del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó se suma a la manifestación por el cierre de la residencia
La Junta de Personal del Ayuntamiento de La Vall d’Uixó ha manifestado en un comunicado su apoyo a la manifestación convocada por la asociación “Públic Sí” el próximo 23 de mayo, en defensa de la Residencia Pública Hogar Sagrada Familia, con el objetivo de evitar su privatización y el despido de 31 trabajadoras y trabajadores, en su mayoría mujeres, que actualmente prestan servicio tanto en la residencia como en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
"Queremos informar que el Ayuntamiento ha decidido privatizar la residencia, gestionada hasta ahora de forma directa por la administración local. Esta medida supondrá no solo la pérdida de 31 puestos de trabajo, sino también el desmantelamiento de un servicio público esencial y el más valorado en La Vall d’Uixó, con un impacto social directo en las personas usuarias, las familias afectadas y en toda la comunidad", han expresado.
Desde la Junta de Personal denuncian que "esta decisión es el resultado de años de abandono institucional, tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat. Lo que está en juego no es solo un servicio, sino el modelo de sociedad que defendemos: una sociedad justa, digna y que pone a las personas en el centro".
Así, reivindican el reconocimiento a las trabajadoras que han sostenido este servicio con compromiso, profesionalidad y vocación, no dejándolas en el paro, el derecho de las personas mayores a recibir cuidados de calidad en un entorno público y humano, el valor de lo público como garantía de justicia social, igualdad y cohesión y el compromiso del Ayuntamiento y la Generalitat de construir una residencia donde volver a prestar el servicio público.
"Las mismas trabajadoras que aplaudíamos durante la pandemia, por lograr que el virus no entrara en la residencia y en las casas, ahora se las mandará a casa, dejándolas en el paro mientras se entrega el servicio a una empresa privada. El Ayuntamiento no ha garantizado su subrogación a la nueva empresa, condenando al desempleo a quienes fueron un ejemplo de entrega, profesionalidad y servicio público", han expresado.
Un conflicto enquistado
El conflicto arranca porque en la pasada legislatura se inició el proceso de transferencia de la residencia, del Ayuntamiento a la Generalitat, pero la nueva normativa autonómica habría retrasado este traspaso al 2030, lo que desde el municipio consideran un problema porque el edificio no es municipal, sino de la Caixa Rural y, según el consistorio, no está en condiciones para seguir prestando el servicio cinco años más.
Hay que recordar que el Ayuntamiento informó que trasladaría a los ancianos a la nueva residencia de gente mayor situada junto a la Colonia San Antonio tras el conflicto por la gestión de la residencia, al tiempo que ofrecen una parcela en Carmaday para que la Generalitat pudiera construir otra residencia pública.
Respecto al personal, se garantizaría la continuidad del 72'5% de los trabajadores, los funcionarios de carrera, ubicándolos en otros servicios sociales, mientras que los interinos se podrían favorecer de nuevas bolsas públicas de empleo municipal.
Por su parte, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda criticó al consistorio por no mantener en condiciones el edificio con una reforma "limitándose a anunciar unilateralmente su cierre, de una residencia que gestiona y de cuyo edificio tiene el derecho de usufructo".
Al mismo tiempo, aseguran que pese a ser municipal las plazas se financian con dinero de Conselleria y explican que se ha contactado con los familiares para reubicarlos en residencias cercanas y aseguran que la Generalitat apuesta por la creación de plazas con fórmulas de distinto tipo, desde la titularidad pública, a la colaboración interadministrativa o público-privada.
