27 de octubre de 2020 27/10/20

La juez anula un nuevo decreto que obligaba a la policía de la Vall d’Uixo a decidir fuera de su competencia

    En noviembre del año 2009 el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó realizaba unas atribuciones de funciones mediante Decreto, en las que obligaba a dos funcionarios de Policía a la tramitación de expedientes de denuncia por infracciones a ordenanzas municipales.

    El Decreto fue impugnado por la UGT vía contencioso administrativo, pues era evidente que las atribuciones asignadas eran contrarias a Derecho y éstas se encontraban muy lejos de la verdadera realidad de las funciones que poseen y tienen que realizar diariamente los Policías Locales de España. El Juzgado fallaba a favor del policía que recurrió y casi al mismo tiempo la ex Alcaldesa y ahora Consellera, Isable Bonig, volvía a firmar otro Decreto atribuyéndole más funciones de tramitación de expedientes sancionadores a ese policía.

    Por ello la UGT volvía a recurrir a la Justicia y nuevamente ésta ha fallado a favor de la legalidad, y le deja muy claro al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó que las funciones de tramitación de expedientes de denuncias son impropias de la Policía Local y que por ello procede a la anulación del Decreto por el que se atribuían dichas funciones e impone las costas al Consistorio por considerar que incurre en temeridad.

    A pesar de que la Justicia ya ha fallado en dos ocasiones en contra del Ayuntamiento y por los mismos hechos, el actual Alcalde continúa manteniendo a ese y otros funcionarios que no reúnen los requisitos legales, como instructores de expedientes sancionadores, con las graves consecuencias que ello podría acarrear.

     1 comentario
    bb
    bb
    27/03/2012 04:03
    una presunta prevaricación

    La decalración de nulidad de los expedientes de las multas por no seguir la instrcción correcta podría suponer un grave perjuicio para el ayuntamiento si los afectados por las denuncias mal tramitadas reclamaran la devolución de lo irregularmente cobrado. Si como es el caso el asunto va de segundas quien firmara el decreto obligando a lo que no se podia obligar incurriría en una presunta prevaricación y se le deberia obligar a que devolviiera de su bolsillo lo indebidamente cobrado. Sería un buen ejemplo para la ley de transparencia de Rajoy.

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