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García Valls considera que la diputación de Castellón ralla la ilegalidad en el cobro de la tasa del tratamiento de residuos

    La portavoz del PSPV-PSOE de la Vall d’Uixó, Antonia García Valls, ha denunciado el “clima de alarma social” que ha creado el Partido Popular con la emisión de la tasa para el tratamiento de residuos que estos días está llegando a los domicilios de los ciudadanos. Un nuevo impuesto de 63,50 € que surge del Consorcio de Residuos y que se cobra desde la diputación de Castellón.

    García Valls ha explicado como estos días, “muchísimas personas, desconcertadas”, le preguntan sobre el recibo puesto que “nadie, ni desde el Ayuntamiento ni desde la diputación de Castellón, han explicado por qué los vecinos de la Vall d’Uixó y de la Plana Baixa tienen ahora que pagar el doble porque le recojan sus basuras”.

    La concejala socialista ha señalado que los ciudadanos “están esperando a que el alcalde, Óscar Clavell, o cualquier otro concejal del Partido Popular, digan alguna cosa sobre el pago porque, lo que están teniendo, es una absoluta desconsideración y falta de respeto”. “Han creado una tasa –ha dicho- para que los ciudadanos de la comarca paguen por el tratamiento en una planta que vienen prometiendo desde hace 15 años y para la que se ha perdido el 50 por ciento de la subvención Europea por la mala gestión”.

    Por esto, se ha preguntado cómo gobierna el PP, “que pierde dinero por ineficacia y, en momentos de dificultad económica, lo pide a los vecinos mediante tasas que aumentan o se inventan”.

    La concejala del PSPV-PSOE ha lamentado que “todavía es más sorprende el caso de personas que les han descontado de su cuenta bancaria la cantidad de la tasa sin que hayan manifestado su consentimiento”. “Alguien, cuando domicilia, lo hace para algo en concreto no para que den sus datos a cualquiera, lo que pone en evidencia una inseguridad jurídica que hace pensar que el PP se cree que es incluso el amo de nuestros datos bancarios”, ha criticado.

    Por ello, para García Valls, se trata de una “desconsideración que ralla la ilegalidad, puesto que son datos que forman parte de la privacidad y por los que deberían de haber pedido consentimiento”.

    “Estaremos junto a la ciudadanía en sus reivindicaciones porque lo han hecho muy mal e, incluso, apoyaríamos que consistorio presentara un recurso contra la decisión de la diputación. Sin embargo, Clavell y su partido antes se plegarán ante la voz de su amo que atenderán la voz de la ciudadanía, lo que es miserable y lamentable”, ha aseverado.

     

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