EU defiende la «imprescindible supervisión de los servicios públicos» ante la salida definitiva de la empresa concesionaria de Vallpala

En el día de hoy se hace efectiva la extinción de la concesión a la empresa que desde el 2012 gestionaba las instalaciones deportivas de Vallpala. De esta forma, se culmina un proceso iniciado por el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó hace meses en respuesta a un incumplimiento grave de las condiciones establecidas por contrato tras la adjudicación.

El portavoz d'Esquerra Unida y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Antoni Llorente, ha explicado esta mañana que «este no es el desenlace que nos habría gustado, pero ha sido inevitable». «En absoluto nos alegramos de haber tenido que llegar a este punto, por todas las implicaciones que tiene, pero nuestra obligación es la de velar por el cumplimiento de la ley y garantizar la igualdad en la relación entre los ciudadanos y su Ayuntamiento, sin matices ni tratos de favor».

Sobre los antecedentes del expediente que hoy se resuelve, Llorente recordó que fue él mismo quien se vio obligado a denunciar de forma pública «una situación gravemente irregular» en cuanto tuvo conocimiento de las circunstancias: la ejecución de unas obras de reforma para construir un restaurante «donde por contrato solo podía haber una cafetería», con el agravante de que «no habían solicitado licencia municipal conscientes, como han reconocido, de que no podía concederse».

Iniciado el procedimiento administrativo para la restauración de la legalidad, se corroboró que, además, la empresa no atendía sus compromisos impositivos. Desde el 2012 —año de la apertura— no abonaban el IBI (aproximadamente 15.000 euros anuales), argumentando que «no sabían que debían pagarlo, cuando cualquier ciudadano o empresario sabe que no es una cuestión eludible bajo ningún pretexto, porque no pagar los impuestos tiene consecuencias».

«Este tipo de situaciones, originadas y consentidas por el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, como hemos podido comprobar en demasiadas ocasiones, no solo son legalmente cuestionables, sino políticamente reprobables, porque suponen un claro agravio comparativo respecto del resto de vecinos, y en especial, en este caso, de todos los empresarios que sí que cumplen con sus obligaciones tributarias y que no se benefician de las ventajas que supone ocupar unos terrenos públicos», ha señalado Llorente.

Desde Esquerra Unida la Vall d'Uixó, a parte de insistir en que en todo momento se ha dado la opción a los responsables de la empresa a explicar y defender sus razones en un procedimiento administrativo, inciden en el «cambio de tendencia que hemos exigido respecto a la relación que mantenía el Ayuntamiento hasta el 2015 con las empresas que gestionan concesiones de servicios públicos». Antoni Llorente ha asegurado que «la exigencia a la hora de garantizar el cumplimiento de su cometido por parte de esas empresas es incuestionable e innegociable», a lo que ha añadido: «Entre los compromisos de EU cuando entramos a formar parte del equipo de gobierno estaba desterrar las políticas clientelares a las que nos había acostumbrado el Partido Popular y lo estamos haciendo desde la transparencia y una gestión impecable de lo público».

En el caso de Vallpala, «desde Esquerra Unida hemos defendido y seguiremos defendiendo los intereses generales de la Vall». Sobre las advertencias de la empresa de reclamar los que consideran sus derechos ante los tribunales, Llorente ha defendido que «no habríamos llegado a este punto si hubieran cumplido el contrato y sus obligaciones con el Ayuntamiento estrictamente, como cualquier otro ciudadano está obligado a hacer».

En cuanto al por qué de este desenlace, el portavoz de Esquerra Unida ha afirmado que «estas son las consecuencias de ofrecer la gestión del espacio y los servicios públicos a cualquier precio, sin una valoración real de la viabilidad de los proyectos y sin realizar una supervisión responsable, que es lo mínimo que se le puede exigir a un Ayuntamiento».

Para concluir, Llorente ha asegurado que su grupo municipal «velará para que el proceso culmine con garantías, tanto para la empresa —a la que no pretendemos arrebatarle los derechos que le correspondan— como para los intereses de la ciudad», de manera que, hasta que se resuelva la situación del restaurante ilegal construido sobre terreno público sin autorización, se facilitará el uso de unas instalaciones construidas sobre suelo público a través de una concesión municipal «que es la base esencial de esta cuestión, lo público es de todos y no para el uso privativo y ventajoso de nadie en particular».