28 de octubre de 2020 28/10/20

El Consell Jurídic Consultiu concluye que no hay ninguna causa para resolver el contrato con Secopsa

El Consell Jurídic Consultiu concluye que no hay ninguna causa para resolver el contrato con Secopsa - (foto 1)
  • El alcalde de la Vall d’Uixó eleva la consulta al órgano jurídico dependiente de la Generalitat Valenciana ante la insistencia de la oposición pidiendo que se resolviera el contrato

La portavoz municipal del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, Elena Vicente-Ruiz, ha dado cuenta de la resolución del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la consulta hecha por el alcalde Óscar Clavell ante la insistencia de los partidos de la oposición pidiendo que se resolviera el contrato y ante las discrepancias existentes en algún informe técnico en cuanto a la interpretación jurídica del pliego de condiciones que ha ocasionado problemas entre la mercantil Secopsa, encargada del servicio de limpieza viaria y recogida de basura, y el equipo de gobierno.

Por ello, “el alcalde Óscar Clavell tenía serias dudas de aquello que tantas veces estaban denunciando los partidos de la oposición, por lo que decide elevar consulta al Consell Jurídic Consultiu”.

El informe del Consell Jurídic Consultiu establece que “la resolución del contrato ha de reservarse para las situaciones límites dada la indudable trascendencia para la situación del contratista y el interés público afectado”.

Vicente-Ruiz ha explicado que existen dos supuestos importantes en la consulta realizada por el alcalde en cuanto al personal contratado por la empresa y las inversiones.

Así pues, en cuanto al personal, en sus conclusiones el Consell Jurídic Consultiu asegura que “tampoco constituye obligación esencial al objeto del contrato, sino mejora, ni consta acreditado que la no contratación de los cinco trabajadores adicionales haya afectado a la prestación del servicio en las condiciones mínimas de calidad establecidas en este pliego”.

Respecto al plan de inversiones, el CJC estima que “nada obsta a que mediante pacto expreso entre el órgano de contratación y la empresa contratista se proceda a una mejora de la maquinaria o de los modelos por parte del contratista siempre que se den los requisitos siguientes: cuando se garantice una mejora tecnológica (...); que se acepte dicho cambio por el órgano de contratación; que se garantice la prestación del servicio en las condiciones de calidad exigidas en el pliego y en el contrato”.

Asimismo, el informe afirma que “con arreglo a la documentación remitida la falta de personal adscrita al servicio en las condiciones mínimas de calidad establecidas en este pliego no constituiría causa de resolución del contrato”.

Elena Vicente-Ruiz ha asegurado que “este informe concluye de forma clara y no deja ningún género de dudas que ante los incumplimientos que hayan podido producirse por parte de la empresa han sido sancionados por el Ayuntamiento, pero no tienen la suficiente relevancia para que el consistorio decida resolver el contrato como la oposición quiere hacer ver”.

La portavoz municipal ha afirmado, además, que “el informe del CJC deja claro que existe margen para negociar con la empresa y solucionar las pequeñas discrepancias que hayan podido surgir del contrato de servicios y es voluntad del alcalde continuar con el contrato y seguir fiscalizándolo, como hasta el momento en aras del interés general”.

Vicente-Ruiz ha asegurado que la resolución del Consell Jurídic Consultiu dista mucho de la posición férrea que han mantenido PSOE e IU desde el minuto uno en contra de la externalización del servicio de limpieza viaria y recogida de basura e incluso exigiendo al gobierno municipal la resolución del contrato, algo que supondría un desembolso importante para las arcas municipales al no estar justificado.

“Los partidos de la oposición han sido voraces en este tema y han demostrado que no tenían ningún interés público en que el contrato se cumpliera, sino que detrás hay intereses políticos”. En este sentido, la portavoz ha recordado que durante la pasada legislatura, cuando se privatizó el servicio, “PSOE e IU han mostrado una oposición directa y fuerte, nos han obligado a dar constantes explicaciones sobre cuestiones irrelevantes y como equipo de gobierno hemos abierto a la empresa varios expedientes sancionadores aconsejados por el criterio técnico”.

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