Cocemfe anima a todos los municipios a que tomen ejemplo de la Vall para regular las plazas de aparcamiento para minusválidos
Asimismo, Laguna ha indicado que “la picaresca de muchas personas que cuentan con la tarjeta para estacionar en una plaza de minusválidos perjudica a las personas con movilidad reducida que ven cómo se ocupan muchas plazas por personas que realmente no lo necesitan”.
Así pues, el presidente de Cocemfe en la Comunitat Valenciana ha animado a todos los ayuntamientos valencianos a aplicar las medidas adoptadas por el ayuntamiento de la Vall para poner fin al fraude en los aparcamientos para minusválidos. Medidas como esta no merecen sino el apoyo por parte de este organismo, ha indicado Laguna.
REDUCCIÓN DEL 81%
La Vall dispone en la actualidad de 95 plazas de estacionamiento para vehículos que transporten personas con movilidad reducida después de la revisión de un total de 124 expedientes por parte de los departamentos municipales de Interior y Servicios Sociales. Este es el número definitivo de plazas de aparcamiento que ha aprobado el consistorio vallero, reduciendo en un 81% la cantidad de plazas que en la Vall se destinaban al aparcamiento de personas con minusvalía.
Según una orden de 2004 de la conselleria de Territorio y Vivienda, la Vall debería contar con 77 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, una cifra que se ha superado porque como ya avanzó la concejala de Interior meses atrás se darían todas las necesarias.
Cabe señalar que la Vall disponía de alrededor de 500 plazas, tanto genéricas como privativas, para el aparcamiento de vehículos conducidos por personas de movilidad reducida. Se trataba de una picaresca a la que el ayuntamiento ha decidido poner fin y reservar solamente las plazas necesarias. Para contar con una plaza de aparcamiento en la Vall es necesario disponer de la tarjeta de minusválido, demostrar que se tiene vehículo propio y carnet de conducir y no disponer de plaza de garaje.
Hay que destacar el exhaustivo trabajo llevado a cabo, en los últimos meses, por parte de los departamentos de Interior y Servicios Sociales del consistorio vallero en colaboración con la comisión de accesibilidad formada por entidades como Afaniad, Frater o la ONCE, para estudiar cada uno de los casos.
