Clavell: “Ciudadanos de la Vall apoya la inmersión lingüística que el tripartito impone a los funcionarios”

Los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó deberán ponerse manos a la obra y estudiar valenciano y aprobar los exámenes de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Así aparece en la moción que presentó el gobierno municipal formado por PSOE, Esquerra Unida y Compromís; a la que se sumó Podemos y Ciudadanos.

Los populares aseguran que Ciudadanos es una formación “imprevisible” porque “si bien en Les Corts denuncian la inmersión lingüística que el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra quieren imponer en la educación, la administración pública y el comercio; en la Vall d’Uixó se suben al carro del autoritarismo lingüístico que quieren imponer los gobiernos del cambio”. Así lo ha asegurado el concejal Óscar Clavell.

Desde el Partido Popular “estamos en contra de cualquier imposición de lengua. No nos parece bien cuando se impuso el castellano y ahora tampoco que se quiera hacer con el valenciano”. Es, según los populares, un ataque a la libertad y aseguran que el PP es el único partido que la defiende sin complejos, al igual que las señas de identidad y las tradiciones.

La decisión del tripartito, Podemos y Ciudadanos obligará a todos los funcionarios y trabajadores municipales a estudiar valenciano para poder escribir y expresarse en valenciano. Así, según la plaza que cada trabajador ocupe en la relación de puestos de trabajo, estos deberán contar con los niveles oral, elemental, medio o superior de la JQCV.

Óscar Clavell ha destacado la negativa de los sindicatos mayoritarios a esta medida que, según el edil popular “es el primer paso para la inmersión lingüística en la Comunitat Valenciana”. Así, sindicatos como UGT califican como “locura” esta decisión porque puede pasar que “un gran médico no puede ser empleado en la Comunitat Valenciana porque no sabe valenciano”.

El responsable popular ha apuntado que la postura del PP es que el valenciano sea un mérito para acceder a la función pública, que sume puntos a la hora de hacer una oposición, pero “nos parece mal que se imponga porque es una dictadura lingüística”.