El Ayuntamiento paga 627.000 en sentencias judiciales por la “nefasta política de personal del PP”
El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha pagado 627.000 euros desde 2009 en sentencias judiciales derivadas de “la nefasta y sectaria política de personal de los dos anteriores gobiernos del PP”, tal y como han afirmado la alcaldesa, Tania Baños, y los dos tenientes de alcalde, Antoni Llorente y Jordi Julià.
El actual equipo de gobierno ha dado a conocer estas cifras y pedirá responsabilidades políticas y jurídicas a los responsables después de recibir dos nuevas sentencias judiciales que condenan la política de personal de Óscar Clavell, Isabel Bonig y Elena Vicente-Ruiz.
Una de ellas afecta a la concejala de Urbanismo, Francesca Bartolomé, pues el juez dicta que “puede volver a su lugar de trabajo como conserje del Palau de Vivel, del que fue despedida de manera ilegal”, ha explicado Baños.
Llorente ha recordado que los dos anteriores gobiernos del Partido Popular “hicieron una limpieza ideológica de las personas que no pensaban como ellos”. Así, ha pedido explicaciones de “porqué se empeñaron en poner de presidente de los tribunales de selección a una persona que no podía serlo porque no era funcionario del Ayuntamiento”.
En este sentido, ha insistido en que “Vicente-Ruiz se escuda en que un informe de secretaría decía que podía serlo, pero hay sentencias judiciales posteriores que ya avisaban de que era ilegal”. Por ello, “el PP sabía que estaba actuando mal y siguió haciéndolo pese a que eso ya nos estaba costando dinero a todos los valleros y valleras”.
Julià ha asegurado que los juzgados “están dando la razón a los trabajadores que fueron perseguidos por el PP e incluidos en una lista negra”, porque Clavell “ya dijo en noviembre del 2007 que había que depurar los departamentos más intoxicados” del consistorio, lo que recuerda a “los periodos más oscuros de la historia”.
Baños ha lamentado que Vicente-Ruiz y Bonig “se vanaglorien de ser licenciadas en Derecho y no supieron leer el artículo 60.2 del Estatuto Básico del Empleado Público”, en el que se justifica la juez y que establece de forma clara que “el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección”.
“El texto es muy claro y no da lugar a la interpretación”, han destacado los portavoces de los tres partidos políticos que forman el actual equipo de gobierno, que se han preguntado “cuál es el motivo por el que lo hicieron y con qué objetivo”. Por ello, han pedido disculpas “por la terrible situación a la que nos ha llevado el PP” y a las personas “de derechas que no merecen a unos representantes del PP como Vicente-Ruiz, Clavell y Bonig”.
El pago de sentencias “por la mala gestión política del anterior equipo de gobierno está haciendo que la situación económica del Ayuntamiento sea insostenible, porque solo en este año ya hemos pagado 3 millones de euros en sentencias urbanísticas y 300.000 euros por casos de personal”. “Nos estamos dedicando a arreglar los empastres del PP y a pagar sus pufos”, ha señalado Baños.
Aunque para la primera edila “lo más grave” es que “no estamos hablando solo de dinero, sino de perjuicios y terribles consecuencias para personas que participaron en oposiciones con tribunales ilegales constituidos a sabiendas por el Partido Popular”.
