Justicia firmará un convenio para potenciar la figura de profesionales de Psicología especializados en parentalidad
La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, se ha reunido con el presidente del Colegio de Psicología de la Comunitat Valenciana, Francisco Santolaya, para abordar los aspectos de la firma del convenio de formación continua de psicólogos y psicólogas en materia de parentalidad, informes psicológicos de credibilidad del testimonio y perspectiva de género.
Este convenio supondrá, en la práctica, la potenciación de la figura del profesional de Psicología especializado en parentalidad.
De esta manera, se quiere ampliar la experiencia piloto que llevó a cabo el pasado año el Instituto de Medicina Legal sobre coordinación de parentalidad en el partido judicial de València, dado los buenos resultados obtenidos.
El Colegio de Psicología dispondrá de una bolsa de profesionales que recibirán formación especializada en materia de parentalidad. Una vez hayan realizado esta formación, dichos profesionales podrán actuar en peritajes a requerimiento de los jueces y juezas de familia.
El coste del peritaje realizado por los profesionales de Psicología especializados en parentalidad será abonado por la Conselleria de Justicia.
Con la firma de este convenio se pretende que los jueces y juezas tengan más recursos y puedan acudir a esta figura cuando lo requieran. De esta manera, el convenio ayudará a reducir la litigiosidad de las resoluciones judiciales cuyo cumplimiento conlleva, en ocasiones, un elevado nivel de conflicto.
La parentalidad es un procedimiento que, por orden de un juez o jueza de familia, sirve para ayudar a las parejas que han terminado su relación a encauzar de nuevo la situación para evitar nuevos conflictos y garantizar el bienestar de menores implicados en situaciones de conflicto.
La figura del psicólogo o psicóloga especializados en parentalidad se concibe como un mediador en situaciones especialmente complicadas que puedan perjudicar el interés de menores afectados.
