Justicia estudia la compatibilidad de seis forenses del Instituto de Medicina Legal para actividades privadas
La Dirección General de Justicia ha abierto una información previa para determinar, sin prejuzgar nada de momento, el régimen de compatibilidad de seis médicos forenses (uno por emitir certificados de incineración y los otros cinco por actividades tanatológicas privadas) del Instituto de Medicina Legal de València (IMLV).
Se trata de dilucidar si estos trabajadores pudieran haber realizado actividades privadas sin disponer de la correspondiente autorización de compatibilidad.
Así lo ha anunciado la directora general de Justicia, Verónica López, junto a la directora del IMLV, Elvira Garrido. Ambas han presentado también otras iniciativas que pretenden mejorar la transparencia del servicio público que se presta en estos organismos.
La primera actuación nace como respuesta de la Conselleria de Justicia a las quejas que dos trabajadores del IMLV presentaron ante la Inspección de Servicios de la Generalitat contra el régimen de guardias establecido en este organismo. En este sentido, la Inspección ha elaborado un informe con una serie de recomendaciones que, según ha explicado Verónica López "por supuesto serán atendidas".
Las quejas se ocasionaron porque los afectados consideraban que el sistema territorializado de guardias no era equitativo.
No obstante, la Inspección de Servicios concluye que no tiene nada que objetar a la organización territorializada de las guardias. Sin embargo, la Inspección sí ha detectado algunas disfunciones para las que las direcciones de Justicia y del IMLV han diseñado elementos de correción.
Las quejas de los afectados sugerían una supuesta relación entre el sistema de guardias y la expedición de certificados de incineración, que es una actividad privada que los forenses pueden ejercer de manera legal, bajo la debida autorización. Estos documentos se suelen exigir por las funerarias antes de proceder a la incineración de un cadáver que contenga elementos tales como marcapasos o estimuladores eléctricos cuya cremación está prohibida por motivos medioambientales.
En todo caso, la Inspección ha descartado cualquier relación causal entre ambos factores, pese a lo cual, según Verónica López, "vamos a adoptar varias iniciativas que ayuden a despejar cualquier sospecha".
Así, desde finales del noviembre pasado, estos certificados se emiten de oficio (sólo en el caso de los cuerpos que han sido autopsiados) tras constatar que eran requeridos por algunas funerarias y evitar así cualquier consecuencia lesiva a los familiares de los fallecidos cuyos cadáveres estén judicializados.
Dado que la Inspección, en su informe, también ha manifestado sus dudas ante la participación de médicos forenses del IMLV en labores de conservación o embalsamamiento de cadáveres, la directora general de Justicia ha recordado que existe una sentencia del Tribunal Supremo que establece que esta práctica es legal pero que el IMLV prohibirá a sus forenses realizar estas prácticas tanatológicas sobre cuerpos con los que hayan tenido relación de cualquier tipo en su calidad de funcionarios, porque esa sí sería una actividad privada vedada a los trabajadores públicos.
Por último, en el informe de la Inspección alerta sobre las posibles suspicacias que pueden revelarse por el hecho de que el IMLV disponga -cedidas por el Ayuntamiento de València- de unas instalaciones en el Tanatorio Municipal donde se podían practicar pruebas forenses de manera puntual y que podían haber sido utilizadas por dos antiguos trabajadores del IMLV para actividades privadas.
Estas dos personas ya no forman parte de la plantilla de la Generalitat, dado que uno se ha jubilado y el otro ha presentado la renuncia, por lo que la Conselleria de Justicia carece de mecanismos administrativos para actuar contra ellos.
La directora general ha concluido diciendo que estas medidas "no cuestionan en absoluto la rectitud y profesionalidad de las plantillas de los institutos y están orientadas a mejorar la transparencia de un servicio que, como cualquier otro de carácter público, debe regirse por la más absoluta rectitud y escrupulosidad en su actuación".
