Justicia apuesta por potenciar los equipos de coordinación de parentalidad en los juzgados
La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha mostrado su apoyo a la experiencia piloto sobre coordinación de parentalidad que se ha llevado a cabo durante los últimos meses en el partido judicial de València y que se ha evaluado en el transcurso de una jornada en la Ciudad de la Justicia de la capital valenciana.
La experiencia se inició en mayo de 2017 en un proyecto propuesto por la directora del Instituto de Medicina Legal, Elvira Garrido, quien, a su vez, lo planteó al Decanato y a la Junta de los Jueces que dio el visto bueno a la iniciativa. La coordinación de Parentalidad es un procedimiento que, por orden de un juez de familia, sirve para ayudar a las parejas que han terminado su relación a encauzar de nuevo la situación para evitar nuevos conflictos y garantizar el bienestar de los menores implicados.
La coordinación de Parentalidad es un mecanismo muy utilizado en Estados Unidos y que en España se está desarrollando ahora en Cataluña. La experiencia demuestra que la conflictividad entre las parejas con hijos que han roto su vínculo permanece tiempo después de la resolución judicial.
Tal y como ha recordado la consellera, la resolución de los tribunales de familia "no siempre es suficiente para recomponer el mundo familiar perdido por los hijos afectados". Gabriela Bravo ha explicado que en estos casos "los tribunales no suelen ser capaces de solventar esta problemática con los medios de ejecución clásicos". En este sentido, "los apercibimientos, las multas o incluso la intervención de la fuerza pública son, a menudo, decisiones que agravan el problema, no la solución", ha dicho Bravo.
En el programa piloto que se ha llevado a cabo se han atendido a diez familias que presentaban un elevado nivel de conflicto y que tenían que hacer frente a numerosos litigios. La mayoría de los niños, de estas familias presentaban desajustes emocionales y en siete de los casos, además, los menores presentaban rechazo hacia el progenitor o progenitora que no tenía la custodia. Por otro lado, los niños también presentaban desajustes emocionales a nivel personal, escolar y social.
De las familias remitidas al equipo de Coordinadores de Parentalidad nueve tenían custodia monoparental y una tenía custodia compartida. De esas nueve, en siete casos los hijos no mantenían contacto con uno de los progenitores. Tras la intervención del equipo psicosocial, ahora todos mantienen contacto con ambos aunque algunos de ellos continúan en una etapa de re-vinculación. También se daba la circunstancia de que el 70 por ciento de las familias no cumplían las sentencias judiciales impuestas. Esta situación se ha revertido, ya que tras la intervención se están cumpliendo el cien por cien de las sentencias. Además se ha conseguido que se cumplan con las obligaciones económicas total o parcialmente en la mayoría de los casos.
La consellera Gabriela Bravo ha destacado que "la valoración de los profesionales sobre esta experiencia ha sido muy positiva" porque esta figura complementaria "auxilia al propio juez en beneficio de las familias cuyo vínculo se ha resuelto. Favorece que se mejoren las relaciones, que en el ámbito de unas relaciones más pacíficas cumplan las resoluciones, evitan la conflictividad entre ellos y buscan garantizar un mayor bienestar al menor".
Dados los beneficios que se han conseguido con la experiencia piloto, la consellera ha anunciado que su departamento buscará "la manera de aumentar el número de profesionales que integran los equipos psicosociales". En este sentido, Bravo ha explicado que se les asegurará "una formación especializada mediante convenios con las universidades valencianas que les permitan participar en aquellos cursos, seminarios y másteres que se centren en esta materia". En este sentido, se intentará integrar también a los colegios de psicológos de la Comunitat Valenciana.
El equipo de coordinadores de Parentalidad que han participado en la experiencia piloto ha estado formado por cuatro técnicos del Equipo Psicosocial de los Juzgados de Familia de València adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de València. También han colaborado otros agentes relacionados con la atención al Menor como psiquiatras, directores de colegios, especialistas en salud mental infantil y monitores de tiempo libre.
