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La Junta Superior de Contratación Administrativa acuerda dispensar la constitución de garantía provisional por parte de las empresas licitadoras

  • Esta medida fue anunciada por el vicepresidente económico hace unas semanas tras reunirse con FECOVAL

  • La supresión de esta obligaciones es una de las fases incluidas en el Plan de Agilización de Pagos presentado por el conseller

  • Esta medida va a generar un ahorro de los costes y la consiguiente mejora de la liquidez de las empresas

La Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat ha acordado no requerir la constitución por las empresas licitadoras de la Administración y de su sector público de presentar garantías provisionales.

El acuerdo ha sido adoptado hoy tras reunirse este órgano consultivo, que está integrado por técnicos expertos en materia de contratación pública.

Esta medida, que fue anunciada hace unas semanas por el vicepresidente económico y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, se incluye en el Plan de Agilización de Pagos diseñado por el Consell, que va a generar un ahorro de los costes financieros y la mejora de la liquidez de las empresas.

La constitución de garantía provisional en los contratos del sector público, tras la entrada en vigor de Ley 30/2007 de 31 de octubre, es potestativa, con independencia de su presupuesto de licitación.

Su establecimiento trata de asegurar la retirada injustificada de las proposiciones u ofertas por los licitadores antes de la adjudicación, o incluso después de ésta, si el contrato no llega a formalizarse. El importe a garantizar por el empresario podía alcanzar un máximo de un 3% del presupuesto de licitación del contrato y su devolución se producía una vez adjudicado.

La Junta Superior de Contratación Administrativa ha considerado qué, dado el carácter facultativo y la situación económica actual, se hacen necesarias medidas consecuentes y homogéneas en la Generalitat, pues estas garantías normalmente constituidas mediante aval generan unos gastos importantes para las empresas que licitan contratos públicos.

Si bien es el sector de la obra pública el que puede verse más afectado por estos gastos, el acuerdo de la Junta se ha hecho extensivo a todo tipo de contratos, creando así una uniformidad en los procedimientos de adjudicación y de igualdad de beneficios a las empresas licitadoras

Este acuerdo de la Junta Superior de Contratación Administrativa, que será elevado al Consell en su próxima sesión para su toma en consideración, da la directrices oportunas para que se incluya esta medida en los pliegos de cláusulas administrativas.

Plan de Agilización de Pagos
El vicepresidente económico y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, presentó hace unas semanas el Plan de Agilización de Pagos, en el marco de la reunión mantenida con la Junta Directiva de la Federación Valenciana de Contratistas de Obra Pública (FECOVAL).

Este Plan incluye entre sus medidas el confirming, que como novedad se hace extensivo también para las empresas proveedoras de obras públicas.

Además, se incluye un pliego de condiciones para los servicios financieros de la Generalitat y el sector público, que entró en vigor el pasado 1 de marzo, y a través del cual se establecen las mismas condiciones para todas las empresas.

Por otra parte, se incluye el Sistema de Gestión de Tesorería Corporativa que está permitiendo dar simplicidad y flexibilidad operativa al sistema, con la consiguiente reducción de los costes financieros y la mejora de liquidez.

En cuanto a la línea de avales de la Generalitat destinados al sector público, se va a realizar un importante esfuerzo inversor que va a permitir incrementar en 25 millones los avales prestados el pasado año a CIEGSA, Ferrocarrils de la Generalitat y el ente gestor de transportes.

A esto hay que unir los 34 millones de euros concedidos a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana y los 50 millones de euros que el BEI va a conceder a la Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR).

El Plan de Agilización de Pagos incluye también una línea de financiación a las empresas públicas de la Generalitat que se gestionará a través del Instituto Valenciano de Finanzas. En este mes se formalizará el primer préstamo que va destinado a la entidad de saneamiento de aguas residuales y asciende a 60 millones de euros.

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