Julián López: “El informe del Síndic revela que las arcas públicas están exhaustas, llenas de telarañas y agujeros después de años de despilfarro del PP”

El portavoz socialista de Economía en Les Corts, Julián López, ha asegurado que el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Cuenta General de 2012 presentado hoy “pone de manifiesto la gravedad de la situación económico-financiera en que se encuentran las cuentas públicas autonómicas y el enorme caos que ha existido durante los últimos años”. Así, ha explicado que “los datos que ofrece el análisis de la Sindicatura revelan que las arcas públicas autonómicas se encuentran exhaustas, llenas de telarañas y agujeros como consecuencia del despilfarro del que ha hecho gala el PP valenciano durante años”. Es más, ha advertido de que “la ocultación de gastos y deudas ha sido la tónica habitual de la ejecución presupuestaria”. De esta manera, ha señalado que “han aflorado miles de millones de euros en facturas y deudas no registradas ni en la contabilidad presupuestaria, ni en la contabilidad financiera, para pagarlas con cargo a las líneas de préstamos habilitadas por el Estado”. Unas líneas que, según ha explicado, “no resuelven nuestros problemas de financiación, sino que los agravan porque conllevan costes financieros” y, además, “llevan aparejadas amortizaciones de capital que otras comunidades no tienen que asumir porque reciben a través del modelo de financiación unos recursos que no tienen que de devolver, y nosotros sí, porque se trata de préstamos”.

En este sentido, ha denunciado que “la losa de la deuda financiera condiciona cada vez más la gestión del presupuesto, pues los intereses restan cada vez más espacio al gasto social y a las políticas de estímulo a la actividad productiva y la creación de empleo”. Sin embargo, López ha explicado que “a pesar del fuerte crecimiento de la deuda financiera, generada por los préstamos del gobierno de España que ya es titular de la mitad de la deuda autonómica, se mantienen enormes volúmenes de deuda con proveedores, asociaciones, emprendedores, universidades, discapacitados, etc”. De hecho, ha advertido de que “la Generalitat le debe dinero prácticamente a todo el mundo, y los plazos de demora en los pagos alcanzan períodos muy elevados, insoportables para la ciudadanía”.

“Las declaraciones del Síndic ponen de relieve la absoluta provisionalidad de los presupuestos aprobados ayer”

Por otra parte, López ha destacado que las palabras del propio Síndico Mayor, en la presentación del informe, “ponen de relieve la absoluta provisionalidad de los presupuestos aprobados ayer en Les Corts” ya que “tendrán que ser revisados para acomodarlos al proceso de liquidación de la RTVV”. Es más, ha apuntado que “las previsiones de ingresos penden de hilos muy finos, por la incertidumbre sobre los ingresos derivados de la venta de patrimonio y por la intención de Montoro de recurrir el impuesto sobre los bancos que han aprobado Les Corts, así como por la posibilidad, que él mismo anunció, de que le afecte la reforma fiscal que prepara el gobierno de España”.

“El Consell debe explicar qué hace con el dinero para los programas de empleo e inserción laboral”

El diputado socialista ha incidido en que “el informe de la Sindicatura muestra, como en años anteriores, que se mantiene la desidia en cuanto a los pagos de las ayudas para políticas de empleo por parte del SERVEF”, ya que, “la Administración autonómica recibe puntualmente los pagos del Estado, y transfiere los fondos al SERVEF con mucho retraso”. El informe, según ha indicado López, habla de “más de 126 de millones de euros pendientes de transferir, lo que impide que el SERVEF pueda liquidar sus deudas”. Por ello, ha asegurado que el Consell “debería explicar qué hace, mientras tanto, con ese dinero”. De hecho, ha advertido de que el informe también apunta “el bajísimo grado de ejecución presupuestaria de estos programas: los programas de fomento de empleo, de inserción laboral y los planes de apoyo al empleo muestran bajísimos niveles de ejecución” y, por tanto, “se pone de manifiesto que el Consell vende humo, publicitando un presupuesto que después no gasta”.

“El informe evidencia que perviven los mismos agujeros en los bolsillos de siempre”

Por otra parte, el portavoz socialista de Economía en Les Corts, Julián López, ha destacado que el informe “pone de manifiesto que pervive el despilfarro y la mala gestión”, es decir, “siguen los mismos agujeros en los bolsillos de siembre, que el presidente Fabra se niega a coser”. Es más, en las empresas públicas se detecta un “número elevado de incumplimientos de la legalidad y también diferentes deficiencias de control interno”. Así, ha apuntado casos como el del Aeropuerto de Castellón donde el Síndic señala que “se han observado durante el ejercicio 2012 determinados incumplimientos significativos de la normativa de gestión de los fondos públicos, casi todos ellos relacionados con el área de contratación” y, lo mismo ocurre con la Agencia Valenciana de Turismo que “presenta diversos incumplimientos de la legalidad, en materia de personal, contratación y subvenciones”.

En cuanto a Cacsa el análisis de la Sindicatura asegura que la empresa está en uno de los supuestos de disolución y que tiene un fondo de maniobra negativo superior a 337 millones de euros y que debería haber provisionado los saldos deudores de la Fundación Palau de les Arts, por importe de 5.912.791 euros. Además, también “se recogen siete incumplimientos significativos de la legalidad, la mayor parte de ellos en materia de contratación”. Por su parte, en la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales “se ha observado una serie de deficiencias de control interno en los sistemas de información que condicionan la eficacia del sistema y no aportan un nivel de confianza suficiente para garantizar su correcta ejecución y para reducir el riesgo de errores o irregularidades sobre el proceso de generación de la información contable correspondiente, y asegurar la validez, integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad de la información”.

Por lo que respecta a Ferrocarrils de la Generalitat la Sindicatura “estima que las pérdidas de 2012 están infravaloradas en más de 13 millones de euros por la falta de provisión del coste del ERE que se inició en noviembre de ese año” y también se destacan “incumplimientos de la legalidad en materia de personal y numerosos en materia de contratación”.

RTVV

López también ha destacado que “el caos que ha vivido el Ente Público RTVV lo pone de manifiesto que sus cuentas fueron reformuladas por el Consejo de Liquidación del Ente el 15 de julio de 2013 y presentadas fuera de plazo a la sindicatura el 24 de septiembre de 2013” y ha añadido que “el informe de auditoría no fue entregado hasta el 21 de noviembre de 2013”. Es más, “este informe emite una opinión con cuatro salvedades, por dos limitaciones al alcance y dos incumplimientos de principios y criterios contables” y ha apuntado que “las cuentas consolidadas del grupo RTVV ponen de manifiesto un patrimonio neto negativo de, al menos, 1.039 millones de euros, estando tanto la radio como la televisión en un supuesto de disolución previsto en la Ley de Sociedades de Capital”. Además, también se recogen un elevado número de incumplimientos de la legalidad, destacando, como en 2011, los relativos a contratación y personal”.

También en Vaersa se detectan “incumplimientos en materia de personal y en materia de contratación” y, en cuanto al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) se destaca “la difícil situación del Instituto con un patrimonio neto que apenas representa el 3,9% del Fondo Social y un fondo de maniobra negativo de en torno a 136 millones de euros”. El Síndic muestra también “sus dudas acerca de la valoración de las inversiones inmobiliarias y la incertidumbre que suponen, para sus cuentas, los avales concedidos a fundaciones deportivas”. Por último, la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat “se encuentra incursa en uno de los supuestos de disolución previstos en el artículo 363.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital” y se describen también “incumplimientos en materia de contratación”, al igual que ocurre en la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía, ya que, “se incumplen las reglas generales de contratación previstas en la Ley de Contratos del Sector Público”.