7 de junio de 2020 7/6/20

El juez del “Caso Imelsa” mantiene la imputación al exalcalde de Cofrentes por cobrar sin trabajar

    El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga las supuestas contrataciones ficticias en la Diputación de Valencia en una pieza separada del “Caso Imelsa”, ha rechazado la petición de sobreseimiento planteada por el exalcalde de Cofrentes, investigado (imputado) en la causa por percibir, supuestamente, un sueldo de asesor sin trabajar como tal.

    En un auto notificado hoy a las partes, el magistrado señala que existen “sospechas razonables” de que Raúl Mateo Ángel Balufo fue contratado como asesor del exjefe de gabinete de la Diputación, Emilio Llopis, y percibió un salario de Imelsa “sin realizar ningún trabajo ni cometido específico que justificara dicha retribución”.

    El instructor recuerda que la versión del exgerente de la empresa pública, Marcos Benavent, también imputado, le incrimina. Añade que, además, existe documentación en la causa que acreditaría que el investigado, que cuando compareció ante el juez se acogió a su derecho a no declarar, cobró un salario durante años y que, pese a ello, nunca estuvo dado de alta en el programa de control de presencia.

    En su resolución el juez subraya la “coincidencia temporal entre el periodo de su contratación con el desempeño del cargo de alcalde de Cofrentes en el periodo 2007-2011”.

    El titular de Instrucción 18, que desestima el recurso de reforma interpuesto por el imputado contra el auto dictado en agosto por el que ya le denegó el sobreseimiento de las diligencias, mantiene que “basta que la información sumarial determine un juicio indiciario razonable sobre la posibilidad de existencia e imputación de una persona. A tal efecto, la actitud procesal, en cada caso, deviene en un indicio más. En este momento, este instructor ve como posible y razonable la imputación declarativa efectuada por otro co-investigado, y por eso no puede atenderse su petición”.

    Esta pieza separada por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental se dirige contra una veintena de personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent; el exdirector financiero de dicha sociedad y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para llevar a cabo contrataciones bajo sospecha.

    En esta pieza separada figura también como imputado José Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación Engloba, por su participación en la supuesta contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo costeaba Imelsa.

    Esta misma modalidad de contratación se daba, supuestamente, con un jugador del Olimpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.

    Tanto el expresidente de la Diputación como Vedri tienen la condición de investigados (imputados según la denominación previa a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); las empresas, Engloba y el Club de fútbol, figuran en el procedimiento como posibles responsables civiles a título lucrativo.

    Hasta el momento, el “Caso Imelsa” se estructura en una pieza principal, aún secreta, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y cinco piezas separadas, una de ellas también secreta.

    En el “Caso Imelsa”, que nació en abril de 2015, hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad, blanqueo de capitales y delito electoral en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

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