Los jueces reclaman una ley de pandemias para evitar la ambigüedad
El ámbito político y el judicial se basan en diferentes criterios, por ello, se han producido los problemas de confrontación de decisiones
Las asociaciones de juecesreclaman al Gobierno no haber realizado una ley específica de pandemias desde marzo del año pasado, ya que la aprobación de una ley así hubiera evitado la ambigüedad de decisiones en los diferentes tribunales superiores de justicia contrarias a medidas impulsadas por las diferentes comunidades autónomas, en algunos casos.
Esto alude a que los magistrados que validan o vetan decisiones relacionadas con las medidas sanitarias para hacer frente al covid-19 deciden acorde a la legalidad de restricción, no por conveniencia de la misma. Un ejemplo de ello, es si el pasaporte covid debe de ser obligatorio o no para ciertas actividades.
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) explican que una decisión política recae en el poder judicial, un organismo que no se basa precisamente criterios sanitarios sino en leyes. AJFV señala que las decisiones no son incompatibles pero tampoco son iguales, porque la visión política y la judicial son diferentes y es ahí donde radican los problemas que han ido sucediéndose.
Por ello, desde el ámbito judicial se pidió un marco normativo para aportar precisión en la toma de decisión y ese marco debe de llegar a través de reformas legales impulsadas por el Parlamento. Si esto se hubiera llevado a cabo, el margen de incertidumbre se hubiera reducido e, incluso, desaparecido.
Este punto de vista también es apoyado por el Foro Judicial Independiente (FJI), ya que acusan al Ejecutivo de no aprobar la “ley de pandemias” a pesar de que esta situación se espera que no cambie en medio o largo plazo. Esta ley hubiera garantizado la uniformidad de decisiones en todo el país.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) indican que no se ha acabado con la diversidad de criterios a pesar de que el Supremo tiene la última palabra sobre las restricciones sanitarias de cada comunidad autónoma tras la finalización del estado de alarma. Esa disparidad de criterios se produce porque los TSJ deciden en función de la proporcionalidad y su justificación de las medidas aprobadas.
