Juan Cotino: “La paralización del Plan del Cabanyal es un nuevo ataque del Gobierno Central a nuestras competencias”
El vicepresidente tercero y conseller de Vivienda ha comparecido ante la Diputación permanente de Les Corts
El Estatuto de Autonomía tiene competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico y científico
Es increíble que el Ministerio de Vivienda financie un proyecto calificado de expolio por el Ministerio de Cultura
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha hecho estas declaraciones en su comparecencia de hoy ante la Diputación permanente de Les Corts para exponer las razones que han obligado al Consell a promulgar el Decreto Ley 1/2010, de 7 de enero, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia.
“El Gobierno de Zapatero ha utilizado una vez más su poder y competencias de Estado para fines muy distintos de los que deben de justificarlo, y nuevamente con el único objetivo de lanzar un ataque a la Comunitat Valenciana al dictar una Orden de expolio referida a un bien inmueble que no se había producido jamás en España desde la entrada en vigor de la Constitución Española en 1978” ha destacado Juan Cotino.
El vicepresidente también ha citado el ejemplo de la actuación conocida como el llamado “Pla Central” en el Raval de Barcelona. En esa actuación, impulsada por un ayuntamiento socialista, se derribaron hace pocos años más de 110 edificios de interés histórico y arquitectónico con el beneplácito del Ministerio de Cultura que en ningún momento declaró que se estuviese cometiendo un expolio.
Desocupación y ninguneo
“La paralización del Plan Especial que busca la Orden del Ministerio de Cultura tampoco respalda la generación de empleo que se realizará con la ejecución de este Plan. Parece que el único trabajo que genera el Gobierno Zapatero es el que provoca al intentar ningunear a las instituciones valencianas en materia de agua, financiación, infraestructuras, gestión de nuestro territorio y ahora también en patrimonio cultural. Parece ser que se está utilizando al Estado para hacer una política partidista en perjuicio de los intereses de los valencianos” ha asegurado Juan Cotino.
Pues bien, “para la Generalitat estos ataques injustificados contra nuestras competencias constituyen sobretodo, un perjuicio manifiesto para la gran mayoría de ciudadanos de Valencia, del Cabanyal y de los Poblados Marítimos, que ven otra vez paralizado su futuro por motivos puramente políticos que además incidirán en que se incremente el número de familias con algún miembro en el paro. Esta es la política a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno socialista” ha resumido Juan Cotino.
Legitimidad y legalidad
El vicepresident tercero ha recordado que “la legitimidad y legalidad del actual Plan Especial diseñado para este barrio marítimo valenciano ha sido confirmada reiteradamente por los tribunales de justicia, nada menos que en nueve sentencias que incluyen tres pronunciamientos del Tribunal Supremo”.
Además, “cuenta con el amplio respaldo de los vecinos que residen en esta área urbana, que están deseando su inmediata ejecución para poner fin a la situación de marginalidad urbana, potenciar su integración en el resto de la ciudad y revertir el proceso de deterioro y de pérdida de población que está sufriendo desde hace más de 30 años” ha destacado el Vicepresidente tercero.
Regenerar y conectar
Juan Cotino ha explicado que el Plan Especial “permitirá regenerar y revitalizar los barrios del Cabanyal y Canyamelar, además de resolver la adecuada conexión de la ciudad de Valencia con su frente marítimo a través de la Avenida Blasco Ibáñez actuando para todo ello sobre una superficie de 436.000 metros cuadrados, protegiendo 561 inmuebles, invirtiendo cientos de millones de euros en la mejora del barrio, dotaciones y equipamientos que afectan a 170.000 metros cuadrados y se construirán 1.300 nuevas viviendas protegidas”.
Es tal la importancia de este Plan que el Ministerio de Vivienda ratificó en diciembre de 2007 un acuerdo con la Generalitat y el Ayuntamiento para la financiación del área de rehabilitación del casco histórico formado por los barrios del Cabanyal y del Canyamelar Norte.
En ese acuerdo se menciona expresamente que ese ámbito está declarado Bien de Interés Cultural y cuenta con un Plan Especial de Protección. “Por todo ello, y si el Gobierno socialista central piensa que se está expoliando esa área, o bien participa de esa expoliación siendo complice o de lo contrario que explique porqué firmó un acuerdo de financiación con las administraciones expoliadoras” ha resaltado Juan Cotino.
“Todo ello demuestra la incoherencia del Gobierno Central y que la Orden de diciembre del Ministerio de Cultura no es más que un nuevo ataque a los intereses de los valencianos que la Generalitat no está dispuesta a tolerar” ha aseverado el Vicepresidente tercero.
Garantías jurídicas necesarias
“Por ello el Decreto Ley 1/2010 que hoy se somete a la convalidación de las Cortes Valencianas ha sido redactado como una una norma cuyo único objetivo es el de proporcionar las garantías jurídicas necesarias para que las administraciones responsables puedan seguir ejecutando un Plan aprobado por los órganos competentes, conforme al procedimiento exigible, legitimado democráticamente, confirmado por los tribunales de justicia, y necesario para proteger y transmitir a las generaciones venideras una parte importante del legado histórico de la ciudad de Valencia” ha aseverado Juan Cotino.
