Instan a Endesa e Iberdrola a poner medidas para evitar cometer delitos por electrocuciones de AVIFAUNA

Las asociaciones ambientales sin ánimo de lucro ADENSVA, AGRÓ, GER-EA, ASHA y SAO han remitido un escrito dirigido a los responsables de las empresas para la prevención de delitos, así como a las consultoras y asociaciones de Compliance Penal. El escrito de las asociaciones surge como consecuencia de la primera querella criminal planteada por una Fiscalía Provincial, por la supuesta comisión de un delito contra la fauna y los recursos naturales que está tramitándose en Barcelona contra la compañía distribuidora Endesa (Grupo Enel) y seis altos cargos de la misma en Cataluña.

La asociación Adensva cursó denuncia el pasado año a la Fiscalía de Medioambiente de Barcelona por los cientos de aves electrocutadas estos años. La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) fue la primera en denunciar un caso de electrocuciones masivas de cigüeñas, pero Adensva sumó otra denuncia más que incluía cientos de aves rapaces durante estos años. La Fiscalía ha terminado por formular una querella histórica por ser la primera vez que ocurre en el ámbito europeo, como consecuencia de la reforma del Código Penal en 2015 a raíz de la aprobación de la Directiva Penal Europea 2008/99/CE en materia de Medioambiente.

Ahora estas entidades conservacionistas valencianas, liderando el movimiento de lucha contra las electrocuciones de aves rapaces en Europa, han pedido a las compañías que pongan los medios económicos y organizativos necesarios para acabar cuanto antes con la pérdida constante de biodiversidad por las electrocuciones de aves en los tendidos eléctricos. Lo que destaca esta vez en los escritos dirigidos a Endesa e Iberdrola es que desde las propias compañías se verán forzadas a evitar la comisión de delitos medioambientales, y las empresas consultoras y de Compliance Penal, a las que se pone en conocimiento del escrito, deberán estar vigilantes para que las eléctricas inviertan cantidades exorbitantes para evitar las electrocuciones de aves si no quieren perder sus certificaciones ISO de Aenor; por lo que se verán forzadas a ello o las propias compañías y su personal directivo podrían ser imputados y condenados por un delito medioambiental en cualquier provincia española donde se producen electrocuciones masivas y continuadas cada año. En caso de que esto pudiera ocurrir, las posibles repercusiones en sus cotizaciones en bolsa podrían ser nefastas, tanto si fueran finalmente condenadas como sólo por verse obligadas a invertir miles de millones de euros en cumplimiento del principio ambiental europeo “quien contamina paga”.

Uno de los casos más graves que la asociación Adensva se plantea remitir a la vía penal a través de la Fiscalía de Medioambiente, es por la electrocución de 54 águilas imperiales (en peligro de extinción) durante los últimos 5 años en la provincia de Ciudad Real; donde la Administración no ha abierto un solo expediente sancionador y Endesa no pone remedio a esta sangría de muerte que fácilmente podría evitarse.

Parece ser que las compañías eléctricas permanecen pasivas o adecuando un número insignificante de postes eléctricos, amparadas por distintos Convenios con la Administración que se tildan de ilegales y posiblemente delictivos por estas asociaciones. De esta manera consiguen que no se les impongan multas por matar especies protegidas, como las tramitadas y confirmadas en los Juzgados de Albacete.

Las ONG´s conservacionistas piden a Endesa que invierta 600 millones de € anuales, para que en 5 años no haya una electrocución más en España. La misma cuantía y plazo se le pide a Iberdrola que es la operadora eléctrica dominante y presente en la Comunidad Valenciana. Y terminan por pedirles que se dejen de politiqueos y tengan en cuenta la ética y la legalidad ambiental.