Inclusión formará a ayuntamientos y ONG para una buena gestión de los fondos europeos
La Dirección General de Inclusión Social realizará sesiones formativas con ayuntamientos y entidades para garantizar una buena gestión de los 29,8 millones de euros que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha recibido del Fondo Social Europeo para políticas de inserción laboral que permitirán la puesta en marcha de programas de inclusión social, de los que se prevé que puedan beneficiarse hasta 33.000 personas.
"Vamos a abrir puertas de participación para gestionar los fondos con la estructura adecuada y un comité de seguimiento técnico por parte de los especialistas incluido el tercer sector, entre ellos la EAPN de la Comunitat Valenciana (European Anti-poverty Network / Red Europea de Lucha contra la Pobreza), que es uno de los interlocutores válidos entre la Unión Europea y la Administración", ha explicado la directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando.
El objetivo de esta política de coordinación es poner en orden "toda la arquitectura de subvenciones" que gestiona la Conselleria en este ámbito, en la línea de los asuntos tratados esta semana por la Comisión Delegada de Inclusión y Derechos Sociales, que acordó establecer una mayor organización de las ayudas en materia de derechos sociales, que en última instancia se realizará a través de la Conselleria de Transparencia, como competente en participación.
Ferrando ha asegurado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas coordinará todos los fondos europeos destinados a la pobreza desde la Dirección General de Inclusión Social y se ha comprometido a realizar sesiones formativas dirigidas a las entidades para la ejecución de los proyectos europeos para que no tengan que devolver los fondos, "tal y como sucedía antes" con el antiguo gobierno.
Para Helena Ferrando, la participación en esta nueva dinámica supondrá "avanzar en la modernización de sus procedimientos de organización y gestión administrativa" y ha afirmado que la obtención de estas ayudas se han logrado "gracias a las gestiones del actual Consell en su hoja de ruta para el cumplimiento del eje primero del acuerdo del Botànic que defiende el rescate de las personas".
La directora general de Inclusión Social ha reiterado la importancia de que por primera vez la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tenga acceso a estas ayudas que permiten, además de dinamizar la economía e impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, contribuir "al bienestar de las personas, uno de los mandatos directos del acuerdo del Botànic".
Estas ayudas forman parte de los 177 millones de euros que ha recibido la Comunitat Valenciana dentro del programa operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, que se destinarán a reforzar el giro hacia las políticas sociales impulsado por el nuevo Ejecutivo valenciano, a través de proyectos cofinanciados al 50 por ciento, y dirigidos al fomento del empleo sostenible y la calidad y movilidad laboral; la inclusión social y la lucha contra la pobreza; y la inversión en educación y formación profesional.
Distribución de las ayudas
La Conselleria distribuirá estas ayudas en dos líneas de actuación, una primera destinada a ONG, que contará con un presupuesto anual de un millón de euros, con el que se subvencionará a un total de 20 entidades, que recibirán una cantidad de 50.000 euros cada una, y por otra parte 3,5 millones de euros anuales que se distribuirán entre un total de 27 ayuntamientos.
Igualdad ha comenzado, tras la aprobación de estas ayudas por parte de la Unión Europea, a elaborar las dos órdenes que regularán la concesión de subvenciones a entidades privadas y ayuntamientos, y que se prevé que estén publicadas a lo largo del primer semestre de este año.
En el caso de las entidades privadas, las subvenciones servirán para la puesta en marcha programas de inserción laboral para personas vulnerables, que incluirá una beca de 250 euros para los participantes, como medida para incentivar su compromiso con el proceso que le permita lograr un puesto de trabajo.
Las ayudas para los municipios de entre 10.000 y 40.000 habitantes contarán con un presupuesto anual, entre 2016 y 2020, de 3,5 millones de euros, lo que permitirá conceder una ayuda de 150.000 euros a un total de 27 municipios para la puesta en marcha de un plan de inclusión social.
Los ayuntamientos que accedan a estas ayudas deberán destinar parte de estos fondos a la realizar tres nuevas contrataciones para estas tareas, que deberán ser orientadores laborales y prospectores sociales, lo que puede suponer la creación de un total de 81 nuevos puestos de trabajo en el ámbito municipal.
