Igualdad refuerza los centros de valoración de diversidad funcional con 42 nuevos funcionarios
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha incorporado, de manera temporal, 42 nuevos funcionarios a los centros de valoración y orientación de discapacidades de Alicante, València y Castellón, para afianzar y mejorar la gestión de estos recursos.
Así lo ha señalado la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, tras la reunión mantenida con los directores de los centros de valoración de Alicante, València y Castellón.
Los centros de valoración y orientación de discapacidades se configuran como la estructura física y funcional de carácter público en el ámbito de la Comunitat Valènciana destinada a la valoración y calificación de la discapacidad y determinación de su tipo y grado, así como las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación de la persona con diversidad funcional.
La secretaria autonómica ha señalado que, el aumento de la plantilla de estos centros se enmarca dentro del plan global de refuerzo de personal puesto en marcha por la Conselleria para mejorar la gestión en áreas prioritarias como son la dependencia, Renta Garantizada de Ciudadanía y diversidad funcional, tanto en las direcciones generales como en las direcciones territoriales de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Para ello se ha impulsado la creación temporal, durante el último semestre del año, de 94 puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, 42 de los cuales se han destinado a los centros de valoración de la discapacidad con titulación en medicina, psicología y trabajo social. De estos, 14 estarán en el centro de Alicante, 6 en el de Castellón y 22 en València.
Entre los perfiles que se incorporarán a los centros de valoración habrán 13 médicos o médicas, 8 psicólogos o psicólogas, 12 trabajadores o trabajadoras sociales y 9 auxiliares de gestión.
La secretaria autonómica ha incidido en la importancia de este plan que persigue, dentro de las limitaciones establecidas por el Gobierno de España que imposibilita incrementar la plantilla de una forma más estable, dar respuesta a las cuestiones que se consideran más urgentes porque afectan a los derechos que tienen las personas, "que son el centro de la gestión del Consell del Botànic".
