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Una jueza procesa a 40 personas relacionadas con la organización criminal Mara Salvatrucha, desmantelada en Ibi en 2014

  • Imputa a los encausados los delitos de tentativa de asesinato, blanqueo, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, lesiones y amenazas

  • Los investigados tendrían conexiones internacionales y estarían consolidando en España la estructuras de la banda latina originaria de El Salvador

  • Recibieron dinero desde el país centroamericano para iniciar negocios que les permitieran blanquear dinero y contratar a miembros del grupo

El juzgado de Instrucción número 1 de Ibi ha dictado auto de procesamiento para 40 personas por su pertenencia o relación con la organización criminal Mara Salvatrucha 13, originaria de El Salvador. La jueza considera que existen indicios de la comisión de los delitos de intento de asesinato, tráfico de drogas mediante organización delictiva, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, lesiones y amenazas.

De los 40 encausados, 36 serían miembros activos o colaboradores directos de esta banda latina. Los otros 4 estarían relacionados únicamente con el tráfico de drogas. De las diligencias practicadas, sobre todo intervenciones telefónicas y declaraciones de testigos e investigados, la jueza encuentra “indicios racionales de criminalidad” contra ellos.

Entre los procesados se encuentran los presuntos cabecillas de la agrupación asentada en Ibi, Madrid, Gerona y Barcelona. Tres de ellos, los que serían líderes del grupo en Ibi, permanecen en prisión provisional desde su detención en 2014.

Según consta en la resolución, notificada a las partes, la jueza considera que existen indicios para relacionar a los encausados con esta “organización criminal, de origen trasnacional, que forma parte de la Mara Salvatrucha, a nivel mundial, con conexiones en El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y otros países, de marcado carácter violento y en la que sus miembros, la mayoría de origen latino, lo dan todo por la Mara, financiándose con las cuotas que satisfacen y con el dinero que reciben desde el extranjero para establecer negocios legales, así como mediante el tráfico de drogas”.

De la investigación judicial se desprende que los encausados se habían organizado en “clicas”, grupos más o menos numerosos y asentados en un lugar geográfico, repartidas en diferentes ciudades de España. La “clica” de Ibi, bautizada como “Big Crazy”, tendría la intención de aglutinar a las de Madrid, Barcelona o Gerona, entre otras ciudades, para crear “a imagen y semejanza de la Mara salvadoreña”, el “Programa España”, esto es, un plan que expandiera la organización en España, con las normas que venían directamente de El Salvador.

Entre estas normas se encuentran los ritos de iniciación, en los que los candidatos demuestran su valor y lealtad a la Mara sometiéndose a palizas que duran 13 segundos, por parte del resto de miembros de la “clica”. La investigación concluye que existen indicios de la realización de estos rituales por parte de los encausados, además de otros castigos físicos por el incumplimiento de normas de la banda.

10.000 euros desde El Salvador

Según explica el auto de procesamiento, el grupo se habría nutrido económicamente a través de diferentes cauces. De una parte, con el pago de una cuota de sus componentes, quienes llegaban a delinquir para hacer frente a la misma. Las cuotas se ingresaban en cuentas bancarias de las respectivas organizaciones territoriales y de ellas se ocupaba un tesorero nombrado por cada grupo.

De otra parte, a través del apoyo económico de la dirección de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Según la investigación, llegaron a enviar 10.000 dólares desde este país para financiar las primeras actividades de la Mara en España. La intención era montar un negocio legal en España para blanquear capitales de procedencia delictiva, ofrecer un contrato de trabajo a miembros presos y facilitar la llegada de nuevos mareros de América Central mediante un contrato laboral. En concreto, la “clica” de Ibi se habría planteado montar un chiringuito de playa o un negocio de compra-venta de coches.

Tráfico de drogas

La investigación también señala al tráfico de drogas como fuente de financiación de la organización. En concreto, el grupo de Ibi habría creado una red de transporte, almacenamiento y distribución de marihuana y cocaína, que contaba con diversos proveedores. La jueza considera que los beneficios de la venta repercutían en la “clica” y todos los miembros participaban de esta actividad.

Por otra parte, de las pesquisas también se extrae que en una de las reuniones de la banda celebrada en Ibi en diciembre de 2013 se instauró un programa de apoyo a los miembros en prisión, mediante el que se planificaría la introducción de sustancias estupefacientes aprovechando las visitas a las cárceles.

Armas y asesinatos

En la causa también se relata que la agrupación asentada en Ibi habría mantenido varias peleas con un grupo de ciudadanos rumanos por el control del territorio. A consecuencia de ello, varios de los procesados habrían planificado matar a uno de los integrantes de la banda rival. Pese a los preparativos, el asesinato no se llevó a cabo ya que las dos personas encargadas de ejecutarlo fueron detenidas por la Guardia Civil. Meses después, la investigación también señala que planificaron el asesinato de un testigo que habría declarado contra miembros de la Mara en España.

Por el carácter territorial de la organización y la competencia con bandas rivales, la Mara en España poseía armas de fuego a disposición de todos sus miembros. En concreto, la “clica” de Ibi tenía, al menos, dos pistolas. Una de ellas fue localizada por la Guardia Civil cuando los dos integrantes de la banda latina se disponían atentar contra el miembro del grupo contrario. Tras la detención, el líder de Ibi habría informado al grupo de El Salvador de los problemas con la banda adversaria y habría obtenido autorización de los líderes salvadoreños para matar a cualquiera de los rivales participantes en la pelea. Según el auto de procesamiento, esto demuestra una vez más el carácter internacional de la organización.

El juzgado de Instrucción número 1 de Ibi fija para los encausados fianzas que oscilan entre los 3.000 y los 40.000 euros, para cubrir las responsabilidades civiles a las que tendrían que hacer frente en el caso de que fueran condenados en el juicio. La magistrada los cita para informarles de los cargos por los que han sido procesados y tomarles declaración los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre.

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