La alcaldesa de Ibi acusa a la concejala expulsada de investigar a sus compañeros
La alcaldesa ha ofrecido una rueda de prensa junto al equipo de gobierno en la que ha afirmado que Peñalver "ha amenazado y coaccionado" a los concejales populares con un "comportamiento y proceder con compañeros indigno, indecente e inmoral".
Aunque ha asegurado que hay "numerosos, variados y para no aburrirse" motivos para la expulsión, también ha destacado que Peñalver ha aprovechado su posición para beneficiar sus intereses particulares, al "compatibilizar su cargo de edil con su actividad como abogada de empresas con proyectos urbanísticos en Ibi".
Por su parte, Peñalver ha declarado que no hay motivos para su expulsión, ha negado "ninguna trama de espionaje" y ha acusado a sus ya ex compañeros de irregularidades.
La dirección provincial del PP en Alicante ha abierto una investigación interna tras conocer la expulsión de la concejal del seno del grupo popular municipal, por lo que ahora es edil no adscrita.
Fuentes del PP han apuntado que Peñalver es afín al sector cercano al presidente provincial del partido, José Joaquín Ripoll, frente a la alcaldesa, Mayte Parra, más próxima al presidente del PPCV, Francisco Camps.
Precisamente, la alcaldesa ha afirmado que la decisión "nada tiene que ver" con la adscripción de Peñalver como cercana a Ripoll y también ha lamentado que la dirección popular de Alicante haya decidido abrir una investigación interna.
Sobre esta expulsión, Ripoll ha señalado que se trata de un episodio "negativo", al considerar que no hay motivos para apartar a Peñalver del grupo municipal popular.
Preguntado por si esta decisión está relacionada con una supuesta investigación iniciada por Peñalver hacia sus compañeros del PP, Ripoll ha rechazado esta posibilidad y ha argumentado que el problema se debe a "discrepancias internas" surgidas hace meses.
Sin embargo, el vicesecretario de Política Local del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, César Augusto Asencio, ha afirmado que la dirección de esta formación política respalda las actuaciones emprendidas por el grupo municipal popular en Ibi.
"Los que mejor conocen lo que pasa dentro de un ayuntamiento o de un partido a nivel local son los integrantes que están ahí todos los días", ha manifestado Asencio.
Uno de los proyectos urbanísticos en los que ha participado esta concejal, relación apuntada por la alcaldesa, es el de la urbanización de la zona sur, adjudicada inicialmente a una empresa cliente de la propia Peñalver (abogada) aunque, tras un recurso de otra mercantil, se ha quedado sin el proyecto tras anular el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) el acuerdo del pleno.
Parra ha lamentado que Peñalver haya levantado "sospechas de irregularidades a la gestión" urbanística del PP local y, por el contrario, ha aseverado que "no hay nada que esconder".
De hecho, el equipo de gobierno ha anunciado la creación de una comisión de investigación que analice el expediente correspondiente a la urbanización, "cuya adjudicación -según han informado fuentes municipales- a la empresa clienta de la edil Peñalver se realizó por parte de todos los grupos políticos del consistorio en 2005".
La anulación de la adjudicación no responde a una decisión del equipo de Gobierno, han añadido las citadas fuentes, "ni a ningún tipo de interés particular de actuar contra dicha empresa como está tratando de trasladar la edil expulsada".
Sobre la urbanización citada por la alcaldesa, Peñalver ha recordado que el procedimiento urbanizador se inició en 2004, cuando todavía no era concejal, y ha continuado que si hubiera habido "trato de favor" hacia su cliente la empresa habría iniciado las obras y éstas estarían prácticamente acabadas.
La empresa urbanizadora a la que supuestamente ha beneficiado Peñalver, uno de los motivos esgrimidos para su expulsión del grupo municipal popular, ha rechazado en un comunicado de prensa que haya sido objeto de "trato de favor".
La compañía ha recordado que inició el procedimiento urbanístico en 2004 "alentada", entre otras personas, por la alcaldesa, quien les "animó afirmando que ya era hora de que alguna empresa del pueblo se animara a urbanizar".
Según esta empresa, tras cinco años no han podido iniciar las obras con el consiguiente "perjuicio" económico.
