Hacienda diseña un nuevo sistema de comprobación de valores sobre inmuebles que bajará la estimación
La Conselleria de Hacienda ha diseñado un nuevo método de valoración de los inmuebles a efectos de los impuestos a abonar en casos como compraventas, herencias y donaciones, con el objetivo de otorgar "seguridad jurídica" a los ciudadanos y acabar con la judicialización de esta cuestión ante las miles de demandas de los afectados, según ha destacado el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler. "El sistema del anterior Consell abocó a miles de ciudadanos a entablar pleitos contra la Administración. Pero nosotros hemos venido para solucionar los problemas de los valencianos y buscar soluciones. El nuevo modelo acabará con años de conflictividad judicial en este terreno", ha destacado el responsable de Hacienda.
El modelo, que se traducirá próximamente en una orden de la conselleria, es consecuencia de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha considerado inadecuado el método de valoración de bienes como viviendas, garajes o trasteros aprobado por la Generalitat en 2013, precisamente tras otro fallo anterior del TSJCV en el que se anuló también el sistema existente hasta ese momento. La resolución judicial se refiere a un caso concreto pero comportará la previsible estimación en cascada de las miles de liquidaciones recurridas por los ciudadanos y pendientes.
Sin embargo, hay sentencias adoptadas por otros tribunales en sentido contrario en otras comunidades, por lo que la conselleria, tras la consulta a la Abogacía de la Generalitat, elevará el caso al Tribunal Supremo para que unifique el criterio a seguir en todo el territorio. La ley obliga al Consell a recurrir siempre que la Abogacía considere que hay base, y es lo que ha ocurrido ante la existencia de sentencias contradictorias en diferentes autonomías. Entre tanto, no obstante, la Generalitat va a poner en marcha un nuevo modelo, que espera que sea el definitivo al margen de lo que dictamine el Supremo, para conciliar las exigencias del TSJ y la capacidad de la Generalitat a la hora de verificar el valor de los inmuebles. Todo ello para evitar la paralización de la Administración y anteponiendo el interés general de los ciudadanos.
El nuevo modelo apuesta por dotar de mayores garantías a los ciudadanos. Hasta ahora, la conselleria revisaba lo declarado por cada contribuyente y, si el importe era inferior al calculado por Hacienda, le tramitaba una liquidación para que abonara la diferencia. Para fijar ese valor, se utilizaba uno de los dos métodos establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria. En octubre de 2013, el TSJ tumbó el sistema aplicado hasta entonces al anular las liquidaciones realizadas mediante el llamado "dictamen de perito", consistente en que estos especialistas efectuaban la valoración en función de diferentes criterios pero sin comprobar "in situ" el inmueble. El anterior Consell aprobó un nuevo modelo de valoración, basado en la aplicación al valor catastral de los inmuebles de unos coeficientes que se revisaban anualmente para cada municipio y que figuraban en una orden de la Conselleria. Estos valores eran globales por municipios, sin distinguir entre barrios. El tribunal ha entendido que tampoco se cumple con el criterio fijado en 2013: la comprobación del valor ha de ser individualizada.
Ajuste a la baja para adaptarse al mercado actual
El procedimiento que se seguirá a partir de ahora mantiene el sistema de aplicación de coeficientes a los valores catastrales pero introduciendo importantes novedades. De entrada, se han ajustado las cuantías a la situación actual del mercado inmobiliario, lo que comporta una reducción del valor. Pero, además, se ha realizado un ajuste por zonas y distritos que, de momento, alcanza a las ciudades de Valencia y de Alicante. Asimismo, de la aplicación automática de los coeficientes se han excluido las plantas bajas y locales, donde se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes. Todo ello para afinar al máximo teniendo en cuenta la naturaleza del bien, de ahí la flexibilidad del nuevo modelo. Esto, unido a la mayor aproximación al valor de mercado, son dos ventajas clave de la nueva regulación.
Ahora bien, en caso de que el ciudadano siga discrepando de la valoración que le haye hecho la Generalitat, se enviará un perito. Pero solo en los supuestos de conflictividad. De este modo, se quiere compatibilizar el criterio de los jueces de comprobación "in situ" con un procedimiento que el Consell puede realizar con los medios con los que dispone. Así, se pretende hacer viable la gestión de las comprobaciones de valores. Otra novedad es que, en caso de que exista un peritaje hipotecario -siempre que forme parte de la documentación incluida en el préstamo que otorga el banco-, se asumirá el cálculo realizado por este profesional y no se aplicará los coeficientes.
Control de los no declarantes
"Estamos para facilitar la vida de los valencianos", ha destacado el conseller de Hisenda i Model Econòmic, para criticar que los anteriores responsables del Consell manutuvieron los errores del primer sistema de cálculo, en su carrera a lo largo de la anterior legislatura, por captar ingresos a toda costa.
Desde 2013, con el método adoptado entonces, se habían realizado 54.854 liquidaciones por comprobación de valor, de las que 18.592, por un importe en litigio de 68.103.765 euros, fueron recurridas a los tribunales. Estas liquidaciones, más las que ya están encima de la mesa en la conselleria al discrepar los contribuyentes de la valoración realizada (aunque todavía no se hayan formalizado recursos), eleva hasta los alrededor de 72 millones de euros el volumen de fondos en disputa entre la Administración y los ciudadanos. En la inmensa mayoría de los casos, los afectados no pagaron la diferencia en el impuesto, sino que solicitaron una tasación pericial contradictoria (TPC), dejando en suspenso el ingreso.
Al margen de las liquidaciones en litigio, en los últimos dos años se han realizado otras 36.262 liquidaciones que fueron asumidas por los ciudadanos, representando un importe de 54.686.360 euros. La Conselleria de Hacienda lamenta que el anterior Ejecutivo del PP fue incapaz de reaccionar, por cuanto el criterio del TSJ ya se manifestó en 2013 al exigir una valoración individualizada de los inmuebles. "Miraron hacia otro lado y, una vez más, trasladaron al futuro los problemas", lamentó Soler. Baste recordar que los Presupuestos de la Generalitat para 2015 evidencian que las cuentas de este año mantienen hinchadas de forma ficticia previsiones de ingresos por tasas por unos 200 millones de euros que el actual Ejecutivo, en un ejercicio de realismo, ha corregido en el presupuesto de 2016.
