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El Grupo Popular pide reabrir el caso de la reforma doméstica de Luna y solicita de nuevo que testifique el operario que la hizo

  • Los populares presentan ante el TSJCV una serie de alegaciones tras el acta notarial del operario y su convencimiento de que la reforma fue un regalo

  • Blasco afirma que la declaración ante notario del operario que realizó la obra arroja nueva luz y pone de relieve contradicciones

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha anunciado hoy que ha solicitado la reapertura de la causa contra el portavoz socialista, Ángel Luna, relacionada a la reforma doméstica que le habría pagado un empresario, el mismo al que Luna adjudicó contratos por más de 1.200 millones de pesetas en su etapa de alcalde de Alicante.

Blasco ha anunciado que ha presentado, junto con el resto de diputados populares que presentaron la querella inicial, una serie de alegaciones ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras tener conocimiento de que el operario que realizó la obra, Javier Ponce, ha declarado ante notario su convicción de que se trató de un regalo al dirigente socialista.

El Sindic popular ha manifestado que esta declaración ante notario “arroja nueva luz en el caso que al menos debería ser comprobada”, razón por la cual los populares insisten en que debe tomarse declaración a Javier Ponce en calidad de testigo.

Asimismo, el portavoz ha afirmado que de la lectura del acta notarial “se desprenden una serie de contradicciones respecto a la declaración de Luna ante el magistrado, ya que por un lado Luna afirmó que las obras las pagó su mujer mientras que el obrero señaló que cobró directamente de la mercantil Enrique Ortiz e Hijos, S.A, y consideró que las obras eran un regalo de Ortiz a Luna”.

Además, Luna afirmó que su única función en la obra fue asesorar a su pareja, mientras que de la declaración de Ponce se desprende que su papel fue más activo, ya que daba directamente las instrucciones sobre las obras.

Blasco ha indicado que estas contradicciones “deberían ser motivo para practicar nuevas pruebas que corroboren la autenticidad de una declaración o de otra, ya que si hay algo en lo que los populares insistimos es en no condenar a nadie de antemano y respetar la presunción de inocencia, pero hay que llegar al fondo del asunto”.

El Sindic popular ha señalado que en las alegaciones presentadas también se pide la declaración como testigo del empresario Enrique Ortiz, y ha reiterado que para los populares el archivo de la causa “por prescripción, lo que no significa que no se cometiera un delito, fue prematuro”.

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