El pleno da la bienvenida a Diego Alegría como nuevo concejal de CET y aprueba dos mociones

El pleno del Ayuntamiento de Godella, que ayer celebró la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, dio la bienvenida a Diego Alegría, que prometió su cargo como nuevo concejal de Canviem Entre Tots después de la dimisión de Rebeca Sanhermelando. La alcaldesa, Eva Sanchis, le deseó mucha suerte en nombre de toda la corporación, y le transmitió el deseo de que su estancia al Ayuntamiento sea provechosa.

En cuanto a los puntos del orden del día, en primer lugar los distintos grupos políticos dieron cuenta de la asignación económica correspondiente al ejercicio de 2016. Seguidamente, se aprobó con los votos favorables de Compromís, PSOE, IU, PP y Ciudadanos, y la abstención de CET, la derogación del artículo 107-bis apartado 4a) del PGOU en lo referente a la instalación, modificación y funcionamiento de las antenas y repetidores de telefonía y ondas electromagnéticas situadas en suelo industrial o terciario. Esta modificación viene acompañada de la aprobada en el pleno de octubre, cuando se trataba del suelo residencial, después de que la justicia considerara que esta regulación no es una competencia municipal sino estatal.

La concejala de CET, Irene Ferré, explicó la abstención de su grupo diciendo que se trataba de un acto simbólico en señal de desacuerdo. En la misma línea se pronunció en nombre del PSOE el concejal Voro Soler, que a pesar de votar a favor, señaló que «esta norma fue introducida a propuesta del grupo socialista, y que ahora votamos a favor de derogarla únicamente para adecuarnos a la legalidad y no por ningún otro motivo».

Moción de Canviem Entre Tots

El grupo municipal Canviem Entre Tots presentó una moción "Sobre la modificación de la regla de gasto y en apoyo al Ayuntamiento de Madrid", que se aprobó con los votos favorables de este mismo partido, Compromís, PSOE, e IU. PP y Ciudadanos votaron en contra.

Esta moción, que fue defendida por la concejala Irene Ferré, viene motivada por una carta del Ministerio de Hacienda dirigida al Ayuntamiento de Madrid donde se le exige que se aplique recortes de gasto por cuantía de más de 200 millones de euros en 2017 y otros 200 millones en 2018.

«Esta amenaza se ha basado en una interpretación muy parcial de la ley. El Gobierno de Madrid tiene unas cuentas saneadas, con un superávit de más de 1.000 millones de euros, y con una reducción de deuda de más de 2.000 millones en los últimos dos años, al mismo tiempo que ha aumentado las inversiones por encima del 100% y el gasto social en un 74%», explicó Ferré. «Por el contrario, el Gobierno de España incumple sistemáticamente la regla de gasto», añadió.

Por estos motivos, la moción pide al pleno del Ayuntamiento que acuerde exigir al Ministerio de Hacienda que corrija su comportamiento arbitrario, que apoye la Propuesta de Ley para modificar la regla de gasto, y que reclame al Gobierno de España una revisión de los objetivos de deuda y déficit público.

Moción conjunta del grupo de gobierno

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Godella –formado por Compromís, PSOE e IU-, presentó un moción "Sobre el control y la gestión de la energía eléctrica", que salió adelante con los votos favorables de todos los partidos, exceptuando CET, que votó en contra alegando que no se ha tenido en cuenta la inclusión de propuestas medioambientalmente favorables.

Esta moción responde a la problemática de la pobreza energética, y fue defendida por la concejala de IU, Paquita Mocholí, que explicó que el acuerdo insta en el Gobierno de España a iniciar una revisión de la situación del mercado eléctrico español bajo los siguientes y fundamentales parámetros:

1. Establecer el suministro eléctrico como un servicio público esencial al que tiene derecho toda la ciudadanía y establecer medidas eficaces contra la "pobreza energética".

2. Arbitrar el consumo de las comercializadoras de referencia y las distribuidoras, por ser entidades que prestan un servicio básico y fundamental y por contar con un monopolio natural al que no pueden acceder otras distribuidoras.

3. Crear un "Operador del Mercado de carácter Público", que gestione estableciendo un control en su funcionamiento con transparencia y equidad.

4. Crear un organismo público para la realización de las auditorías periódicas del sistema energético.

5. Reformar la fiscalidad que se aplica al sistema eléctrico, rebajando la acumulación actual de impuestos que recaen sobre la tarifa eléctrica mediante exenciones a empresas y cooperativas de energía renovable.