Los gobiernos de Navarra, Islas Baleares y Comunitat Valenciana valoran los avances en políticas sociales
Los gobiernos "del cambio" de la Comunitat Valenciana, Navarra e Islas Baleares valoran "los avances en las políticas sociales conseguidos durante los dos últimos años" y reivindican un modelo social que garantice "una vida digna a todos los ciudadanos y ciudadanas".
Así lo han manifestado en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión institucional que han mantenido en Palma la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, y la consellera de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Islas Baleares, Fina Santiago.
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ha mostrado muy satisfecha con este encuentro, que ha permitido "analizar y compartir" las diferentes iniciativas, problemáticas y acciones en materia social que se han puesto en marcha en las tres comunidades autónomas después de casi dos años de gestión, y ha destacado la importancia de la "cooperación y colaboración entre gobiernos frente a la competitividad y la confrontación".
Oltra ha señalado que los procesos de cambio en estas políticas se están convirtiendo en una verdadera "transformación social" donde un pilar básico del estado del bienestar debe ser la protección social, "se trata de revertir una época larga de recortes con nuevos avances e innovación en el ámbito de las políticas sociales".
Asimismo, la vicepresidenta ha señalado que los tres representantes coinciden en sus reivindicaciones al gobierno central por la "escasa financiación en políticas sociales" que deriva en una desprotección de las personas y en una cobertura social mínima que los gobiernos autónomos "debemos asumir", como es el caso de la dependencia o las rentas sociales.
En este sentido, la vicepresidenta ha expuesto durante la reunión mantenida con los representantes de Navarra y Baleares las novedades del anteproyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusión, aprobado por el pleno del Consell el pasado mes de marzo y que sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía.
El objetivo de este anteproyecto es ofrecer una respuesta digna y de justicia a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precarización de muchos ciudadanos y ciudadanas de la Comunita Valenciana, de manera que sea un instrumento que realmente permita a las personas rehacer su proyecto de vida.
Esta nueva renta social podrá tener carácter indefinido cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo, y ampliará los requisitos para poder demandarla. Se prevé la creación de distintos tipos de renta, una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos. De esta forma, el importe de ésta será de 532 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales.
Asimismo, la nueva ley flexibiliza los requisitos de acceso, siendo necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales. Además, exige únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, y amplia la edad para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
Nuevo modelo de Servicios Sociales
Otro de los temas que la vicepresidenta ha explicado en la reunción ha sido "la apuesta del Govern del Botànic por un modelo de servicios sociales donde el municipalismo sea el instrumento para fomentar políticas de proximidad y donde los equipos de base puedan trabajar desde la prevención, con el objetivo de rescatar personas y ofrecer la atención social que por derecho les corresponde".
El nuevo modelo elaborado por la Conselleria de Igualdad está basado en la "remunicipalización" de los servicios sociales a través de la atención base, y cuenta con una estructura que eliminará la excesiva burocracia y permitirá planificar, ordenar y corregir la falta de gestión en esta área de las últimas legislaturas.
Con un incremento presupuestario del 118% respecto a 2016, la Conselleria ha destinado este año un total de 36,6 millones de euros para el fortalecimiento de los servicios sociales municipales, lo que permite a los ayuntamientos aumentar las contrataciones de personal, pudiendo pasar de los 352 profesionales con los que se contaba hace dos años a los cerca de 1.400 que podrían formar parte de los equipos sociales municipales.
