El Gobierno convoca la Comisión Bilateral para resolver las discrepancias en torno a la Ley del Taxi
El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, se ha reunido, esta mañana, con el presidente de la Unión de Asociaciones de Autotaxis de la Comunitat Valenciana y de la Asociación Gremial del Taxi de Valencia y Provincia, su vicepresidente, José Miguel Sanz, y el secretario general, José Ramón Giménez para escuchar las inquietudes del sector ante la nueva ley autonómica del taxi. A la reunión también han asistido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Les Corts, Isabel Bonig, y el diputado, Alfredo Castelló.
Durante la reunión, el delegado les ha avanzado que el Gobierno ha constituido la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para resolver las discrepancias que se han detectado en determinados preceptos de la ley autonómica para buscar una solución adecuada a las mismas con el fin evitar el recurso de inconstitucionalidad.
"El Gobierno considera que algunos artÃculos pueden incurrir en extralimitación competencial y son contrarias a la Ley de garantÃa de unidad de mercado, asà como a la normativa europea" ha informado el delegado quien ha explicado que la ley de la Generalitat establece que sólo las personas fÃsicas podrán ser titulares de autorizaciones del servicio de taxi y que no podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una persona ni a comunidades de bienes y establece la obligatoriedad de tener domicilio social y fiscal y sede fÃsica en la Comunitat.
"Estos preceptos suponen una restricción del derecho a la libertad de empresa y en el acceso a una actividad económica, que debe fundamentarse en una imperiosa de interés general. Además, obligan a aquellos titulares de más de una autorización a transmitirla a una persona fÃsica o cambiar el vehÃculo para ser adaptado o eléctrico, lo que conlleva, según nos ha transmitido el sector, pérdidas importantes para aquéllos que ya habÃan realizado la inversión", ha señalado Moragues, quien ha recordado que "dicha actividad económica ya se encuentra sometida a la normativa de protección del consumidor".