La Generalitat y los notarios colaboran mediante la firma electrónica en la reducción de trámites que ahorrará tiempo y dinero a los ciudadanos

La consellera Portavoz, Paula Sánchez de León, ha firmado hoy un convenio con el decano del Colegio de Notarios de la Comunitat Valenciana, César Belda, que permitirá ahorrar tiempo y dineros a los ciudadanos y empresas de las tres provincias, ya que se prescindirá de la realización de ciertos trámites notariales al operar con la administración autonómica, ya que serán ambas administraciones las que los realicen a solicitud del interesado a través de la firma electrónica.

Así, la consellera, en calidad de presidenta de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), ha indicado que la verdadera modernización de las administraciones “pasa por la absolutamente necesarias interoperabilidad entre los diferentes operadores, y este convenio es una muestra de ello”. Sánchez de León ha explicado que de nada sirve que todos los órganos de la Generalitat estén perfectamente conectados “si éstos a su vez no lo están con otros operadores, como ayuntamientos, diputaciones, colegios profesionales o, como este caso, las notarías”.

Cuando un ciudadano o una empresa vayan a realizar un trámite con la Generalitat en el que se le requiera un documento notarial, éstos ya no tendrán que ir al notario y solicitar una copia del documento, con el consiguiente coste económico y de tiempo, sino que ambas administraciones se pondrán en contacto para que la notaría correspondiente le haga llegar a la administración la documentación.

La consellera ha explicado que este convenio que hoy se firma entre ACCV y el colegio de Notarios, y que afectará a las 381 notarías de la Comunitat Valenciana “garantiza las comunicaciones y transmisión de datos segura entre ambas administraciones, al tiempo que garantiza la autenticación de los documentos transmitidos”.

Sánchez de León ha aseverado que “el funcionario de la Generalitat que realice este trámite a solicitud de un ciudadano o una empresa estará debidamente acreditado para garantizar en todo momento los derechos de los ciudadanos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal”.

Ejemplos concretos de las ventajas
Algunos de los documentos que el ciudadano o la empresa ya no tendrá que recabar del notario y remitir a la Generalitat son relativos a las últimas voluntades o la ausencia de las mismas (abintestato), el archivo de protocolos, las inmatriculaciones de fincas o el bastanteo de poderes.

Otros de los procedimientos que se ahorrarán los ciudadanos serán en la consultar el registro de personas discapacitadas el información del representante legal, en la realización de tramites para solicitar subvenciones que hasta ahora el ciudadano debía aportar escrituras, en casos de registro de representante de empresas, entidades o personas físicas, o en los casos de cancelación de Hipoteca, entre otros muchos.

La consellera ha manifestado que con este convenio “no sólo los ciudadanos ahorrarán en costes y colas de espera, sino que la administración también realizará una gestión más eficaz de los recursos públicos”. “Es fundamental –ha continuado- que los ciudadanos perciban una administración cercana, ágil y flexible donde se acaba con la ventanilla única y el vuelva usted mañana.

Paula Sánchez de León ha destacado la importancia de este convenio y el esfuerzo que ambas partes hacen para dar un servicio óptimo a los ciudadanos, protagonizando el cambio de mentalidad necesaria en pleno siglo XXI, en el que las nuevas tecnologías se convierten en una herramienta básica para la interlocución entre los usuarios y las administraciones.

Pioneros en la firma digital
En este sentido, la Generalitat fue pionera en la creación de un ente de certificación electrónica y a día de hoy la Comunitat Valenciana cuenta con 447 Puntos de Registro de Usuario donde se emite la firma digital, de las que ya se han emitido más de 340.000 certificados de usuario, casi 24.000 de empleado público y más de 1.800 de entidad.

Además, ACCV ha firmado convenios con 266 ayuntamientos, con las 3 diputaciones y las 5 universidades públicas de la Comunitat Valenciana, así como con 26 entes locales y 27 colegios profesionales, con la finalidad de garantizar esa interoperabilidad en el marco de las nuevas tecnologías y con la garantía de la seguridad en las comunicaciones.