La Generalitat impulsa los juzgados de paz de la Comunitat Valenciana
La conselleria de Justicia y Administraciones Públicas asume el personal de los juzgados de paz de las localidades de más de 7.000 habitantes con un coste de más de 7 millones de euros
El último en incorporarse es Oropesa que dispone ya de una plantilla para su juzgado de paz que hasta ahora funcionaba con personal municipal
Para la consellera este impulso “es muy importante, si tenemos en cuenta que de los 506 juzgados de paz que hay en las tres provincias, 86 están servidos con funcionarios de Justicia, porque superan los 7.000 habitantes”. El último municipio en incorporarse a esta categoría es el de Oropesa.
Así, la localidad castellonense de Oropesa dispone ya de una plantilla para su juzgado de paz que hasta ahora estaba servida por funcionarios del municipio. La nueva plantilla estará compuesta por dos gestores, uno de ellos con funciones de secretario, y una plaza de auxilio judicial, puestos para los que la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas invertirá 90.000 anuales.
Los juzgados de paz tienen competencias en multitud de temas, como los juicios verbales de cuantías inferiores a 90 euros, juicios de faltas, ejecutorias o actos de conciliación, así como todos los asuntos relacionados con el registro civil de esa localidad como inscripción de recién nacidos, matrimonios y defunciones, expedientes de nacionalidad, expedición de certificados, etc.
El coste de los funcionarios de los juzgados de paz que dependen de la Generalitat suponen un coste de casi 7.400.000 euros anuales, ya que en los 86 juzgados de paz de localidades de más de 7.000 habitantes trabajan 243 funcionarios.
En este sentido, la consellera ha indicado que la Generalitat “realiza un gran esfuerzo para que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana tengan la Justicia que merecen, ágil, eficaz y que responda a las demandas de una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y del papel que las nuevas tecnologías desarrollan en su vida, una ciudadanía que exigen a la Administración una Justicia del siglo XXI”.
Por este motivo, la consellera ha manifestado su deseo de que todas las administraciones “miremos hacia el mismo lugar y apostemos por un nuevo concepto de Justicia adaptado a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, y no el modelo actual basado en una organización decimonónica”.
