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La Generalitat exige al Gobierno un marco presupuestario de crecimiento destinado a la Cooperación al Desarrollo

    La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha remitido al Gobierno una serie de consideraciones relativas al V Plan Director de la Cooperación Española 2018/2021, cuya aprobación se tuvo que retrasar por la falta de apoyo de las comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, además de ayuntamientos y ONGDs. Entre las principales críticas al documento está la falta de concreción de una estrategia a largo plazo asociada con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, así como la escasa participación del sector y el resto de administraciones para su elaboración y la inexistencia de un marco presupuestario.

    En este contexto, el director general de Cooperación Federico Buyolo ha señalado, tras la reunión "informal" convocada para hoy por el Gobierno, que "se ha perdido una oportunidad de convertir a la cooperación española en un referente internacional. Esta propuesta no recoge ni las potencialidades de las organizaciones de la sociedad civil, ni el papel de la cooperación descentralizada ni la estructura de las oficinas técnicas de cooperación". Por ello, Buyolo ha anunciado que, en la próxima reunión de la Comisión Interterritorial, votará en contra del Plan Director si no hay un compromiso por asumir que las autonomías, ayuntamientos y ONG son copartícipes necesarios de las políticas de Cooperación al Desarrollo, así como el establecimiento de un marco presupuestario riguroso".

    La Conselleria calcula que el marco presupuestario que debe incluir el V Plan Director de la Cooperación Española 2018/2021, necesita de unos recursos de 18.000 millones de euros. Además apunta a que se debe definir una hoja de ruta dirigida a destinar el 0,4% del total de presupuesto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado a la Ayuda Oficial para el Desarrollo en 2020, un compromiso que aprobó el Congreso de los Diputados.

    Estos cálculos forman parte de las consideraciones que la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha enviado al Ministerio de Asuntos Exteriores. Un documento que señala la necesidad de que el nuevo Plan Director de la Cooperación Española esté alineado con los propósitos que la Agenda 2030 define para el conjunto de la comunidad internacional. Apunta a que el Plan debe estar orientado a definir los procedimientos de trabajo y los recursos instrumentales para hacerlo posible, además de plantear estrategias a medio-largo plazo y no sólo apuntar acciones puntuales.

    Para ello, la Conselleria destaca que es imprescindible la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales para el intercambio de recursos, compartir conocimiento, cofinanciar proyectos, etc. En este punto, el Gobierno valenciano critica que "la Administración General del Estado no valora suficientemente las características de la cooperación descentralizada ni sus potencialidades. Es muy importante que la cooperación para el desarrollo sea una política de Estado en la que, con el máximo respeto a la autonomía, pluralidad y particularidades de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, se establezcan unas líneas generales comunes, de forma consensuada y coordinada" señala el documento remitido por la Conselleria.

    De esta manera, considera que el V Plan Director de la Cooperación Española 2018/2021 debe reforzar el papel de los gobiernos regionales y locales como actores fundamentales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello, emplaza a revisar la arquitectura del sistema de cooperación y cambiar la estructura y funciones de los órganos consultivos y de coordinación, entre ellos la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo en la que plantea que se incorpore a la vicepresidencia un representante de las autonomías.

    También, en estas consideraciones, hace referencia a la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la que señala que debe constituirse en una política pública esencial de las administraciones. Así, vuelve a destacar en este punto el valor de las competencias y experiencia de las administraciones autonómicas para "fomentar una ciudadanía participativa y activa, comprometida con la construcción de una sociedad global, justa y equitativa, a partir del reparto competencial en materia de enseñanza entre el Estado y las CCAA".

    Por otra parte, el Gobierno valenciano reclama que el nuevo Plan Director debe establecer los objetivos y actuaciones previstas para la gestión de la deuda externa tendiendo a la condonación o a su transformación. Además de la necesidad de marcar un sistema de seguimiento y evaluación con instrumentos de rendición de cuentas y transparencia. En este sentido recomienda la definición de indicadores que permitan medir los resultados.

    En conclusión, el director general de Cooperación, Federico Buyolo, destaca que "consideramos imprescindible que dado que las comunidades autónomas y entidades locales tienen una experiencia y una especialización demostrada en el tiempo, además de una mayor proximidad a la ciudadanía, deberían incidir en el diseño y el desarrollo de las acciones de este Plan Director".

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