La Generalitat destina 2,7 millones en reducir el alquiler a familias en riesgo de exclusión social que residen en viviendas públicas
Cerca de mil unidades de convivencia se benefician de bonificaciones que se ajustan a su situación socioeconómica
Héctor Illueca afirma que estas ayudas son fundamentales para que los colectivos más débiles puedan vivir dignamente
La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), ha destinado en el último año un total de 2.775.658 euros en aplicar bonificaciones para reducir los alquileres a 956 familias en riesgo de exclusión social que residen en viviendas del parque público de la Generalitat. De ellas, 581 corresponden a la provincia de Valencia, 255 a la de Alicante y 120 a la de Castellón.
La Conselleria establece unos alquileres a las personas residentes de viviendas públicas que se pueden reducir gracias a un sistema de bonificaciones en el que se tiene en cuenta los ingresos y el número de miembros de la unidad familiar. En muchos casos esa bonificación puede alcanzar hasta el 90 % del total de la renta.
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, ha destacado la importancia que tienen estas bonificaciones que se aplican a personas en situación de vulnerabilidad. “Los poderes públicos deben estar al lado de los colectivos más débiles y en momentos de crisis como el actual, estas ayudas son fundamentales para que puedan vivir dignamente”.
En ese sentido, ha lamentado “la dificultad existente para encontrar en el mercado libre una vivienda de alquiler a un precio razonable”. De ahí la necesidad de “trabajar intensamente para incrementar la oferta pública de vivienda para ofrecer un hogar a personas que, de otra manera, tendrían grandes dificultades”.
Para dar a conocer estas bonificaciones, la Conselleria de Vivienda lleva a cabo campañas informativas dirigidas a los residentes de las viviendas públicas. En ellas se explican las medidas implantadas para flexibilizar el pago de las rentas de las personas con menos recursos. A continuación, se estudia la situación de cada familia y se aplica la reducción que le corresponde.
Para llevar a cabo estas acciones es fundamental la colaboración de los servicios sociales municipales puesto que son los que elaboran los informes sociales de las familias y conocen sus necesidades.
Las bonificaciones se establecen por un periodo de dos años. Después, se revisan las condiciones socioeconómicas de la unidad de convivencia para ajustar la bonificación.
