Gascó exige a Puig que cumpla las resoluciones judiciales en contra de su política educativa
La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha exigido a Puig que cumpla las más de 40 sentencias judiciales en contra de su política educativa. "Puig debe dejar de gobernar en Educación fuera de la ley".
Gascó ha señalado que "desde finales de 2016 el TSJCV ha publicado 42 sentencias contra las políticas educativas del Botànic. Los ejes de la política educativa del Botànic son la lengua, los usos administrativos del valenciano, reducir la concertada y la bajada de ratios. En todo esto los tribunales han tumbado toda su normativa demostrando que Marzà es un chapucero incapaz de sacar ninguna iniciativa adelante ateniéndose a la legalidad vigente. La chapuza, mala gestión y caos es la norma habitual de funcionamiento en Educación".
La portavoz popular ha indicado que "no se puede seguir gobernando al margen de la ley para imponer unas medidas sectarias que luego son tumbadas por los tribunales. Son ya muchos los varapalos judiciales recibidos por saltarse las leyes y no se puede seguir mirando hacia otro lado como si aquí no pasara nada. La Justicia ha dicho que el modelo que está imponiendo con rodillo el Botànic es ilegal, tanto en la imposición de la lengua como en la persecución a la enseñanza concertada, es decir, en todo lo referente a la libertad para imponer el modelo de enseñanza único que tanto anhela la izquierda".
Beatriz Gascó ha especificado que por los recortes en las aulas concertadas han recibido una treintena de sentencias en contra, cinco sentencias por el modelo lingüístico, una por la reducción de la ratio, otra por la exclusión de alumnos de universidades privadas en las prácticas sanitarias, o una sentencia por no facilitar las facturas de los gastos en las universidades públicas. "Además tienen pendientes otras sentencias por la gratuidad en los dos años en escuelas infantiles públicas o el decreto de la asignatura de religión".
La portavoz de Educación del GPP ha recordado que "las leyes orgánicas son muy claras y no se puede seguir actuando al margen de la ley, creando inseguridad jurídica y caos en los centros. Puig debe dejar que el área educativa esté permanentemente fuera de la ley y obligar al conseller a cumplir con las resoluciones judiciales. En algunos casos sencillamente no hace caso de las sentencias y en otros se ha dedicado a recurrir para ganar tiempo pese a costar dinero a los valencianos".
