Prieto: “El archivo de la denuncia de Torró demuestra que era una cortina de humo para desviar la atención de los casos judiciales que afectan a su gestión”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Manuel Prieto, ha valorado hoy el archivo por parte del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Gandia de la denuncia que interpuso el pasado mes de marzo el exalcalde del PP, Arturó Torró, contra la actual alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, y otros cargos de la extinta Iniciatives Públiques de Gandia (IPG). Prieto ha puesto de manifiesto que “la denuncia era una cortina de humo para desviar la atención de los casos judiciales que, esos sí, le piden responsabilidades a Arturo Torró por su gestión municipal”.

El portavoz socialista ha señalado que con el archivo de la denuncia se demuestra que “todo aquello que hicimos la alcaldesa, Diana Morant, y el Gobierno local, en el ayuntamiento y en Iniciatives Públiques de Gandia, pretendía arreglar los pufos que heredamos del gobierno del PP”.

Prieto ha añadido que “por eso, siempre actuamos de acuerdo con la ley, con la Intervención y la asesoría jurídica, y con la escrupulosidad de saber que hacíamos lo que teníamos que hacer para arreglar los marrones, los líos económicos y las ilegalidades del gobierno de Arturo Torró, a quien sí que se le piden, y no a nosotros, responsabilidades por su gestión”.

La magistrada ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones por “no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado a la formación de la causa”, y argumenta que los datos aportados “no son indicios racionales, verosímiles y suficientes de delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos”.

La jueza también sostiene que Arturo Torró se sustentó en conjeturas o sospechas, y le contesta contundente que el proceso penal “no puede convertirse en una suerte de ‘juicio universal’ en el que se puedan iniciar y practicar diligencias a conveniencia, tendentes a efectuar una suerte de auditoría penal”. Por eso, insta al exalcalde del PP a que ofrezca “un mínimo indicio objetivo por el posible delito que se pudiera haber cometido, sin meras sospechas o hipótesis”.