Ripoll: “El gobierno tiene la obligación legal y moral de sentarse con los vecinos y arreglar el problema que ellos han creado”

El portavoz popular Javier Reig ha explicado que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la cual se confirma una dictada ya por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana con fecha de 24 de Junio de 2005 en el que ya se declaraba la nulidad total del articulo 2.3 del PGOU de Gandia y al mismo tiempo declaraba la nulidad de todo lo que se había aprobado en relación a Kentucky 2.

Esta polémica arranca del año 2002 cuando en el pleno de 6 de junio de 2002 se resuelven una serie de alegaciones que se habían presentado por parte de los vecinos afectados de Kentucky 2 y en el que se aprueba definitivamente el PAI y la ejecución directa por parte del Ayuntamiento. Entre las alegaciones de los vecinos ya se hacia referencia a que no se estaba realizando bien la aprobación de la reparcelación y el PAI porque el Ayuntamiento no tenia competencia para resolver este asunto.

Según ha explicado Reig, algunos vecinos interpusieron un recurso contencioso administrativo que es el que correspondió al Tribunal Superior de Justicia y que falló en el 2005 que no cabía utilizar el articulo 2.3 del PGOU que se esgrimió por parte del gobierno para decir que tenia competencia suficiente para aprobar esta modificación. El Tribunal Superior de Justicia falló que la única competente era la Conselleria en base a LRAU, nunca el Ayuntamiento, en consecuencia se declaraba nulo ese articulo 2.3 del PGOU y nulo el proyecto de reparcelación forzosa del PAI de Kentucky 2.

Ante estas circunstancias, el gobierno municipal dilata en el tiempo y, a pesar de que es conocedor de que a la sentencia de Junio de 2005 no cabe recurso de casación aplica la fórmula de recurso extraordinario basado en la unificación de doctrina. Según Reig, para presentar este recurso de unificación de doctrina hay que presentar una serie de sentencias que sean sobre unos mismos hechos cuyas sentencias sean contradictorias a lo que ha dictaminado el tribunal, sentencias que nada tiene que ver con la del caso Kentucky 2. Para el portavoz popular “lo que está intentando el ayuntamiento es ganar tiempo, en vez de reunirse con los vecinos y solucionar un problema que se va arrastrando desde hace 8 años”.

Carla Ripoll ha explicado que para su grupo, independientemente del proceso judicial, la realidad es sólo una: “el gobierno da la espalda a los vecinos de Kentucky 2, un ejemplo más como Rafalcaid o Marxuquera. Ripoll ha denunciado que “después de tanto tiempo las urbanizaciones no están acabadas y eso es una realidad que está ahí, que vemos todos los días”. Según la portavoz popular Carla Ripoll “el gobierno municipal no sólo hace las cosas mal, sino que son incapaces de arreglar aquello que saben y que les consta que está mal y además resulta increíble que cobren los plazos estando las urbanizaciones en la situación tan caótica en la que se encuentran”.

Para Ripoll “el gobierno tiene no sólo la obligación legal, sino moral de sentarse con los vecinos y de llegar a un acuerdo y ver de qué forma son capaces de poner solución a un problema que ellos mismos crearon en su momento. Este es un claro ejemplo de la dejadez y la incompetencia del gobierno de esta ciudad y resultado de lo que ocurre cuando a sabiendas se vulnera la legislación vigente”.