PP Gandia: "La venta de dos solares de IPG a Cadersa es completamente legal"

El Gobierno Local no entiende las críticas ni la solicitud de una Comisión Especial que el grupo municipal Compromís ha llevado a cabo en relación a la venta de dos solares, ubicados en el polígono Benieto, que Iniciatives Públiques de Gandia vendió a la empresa constructora Cadersa.

El Ayuntamiento quiere puntualizar la información vertida por Compromís. Respecto a la afirmación del grupo de la oposición sobre el hecho de no haber apostado por una licitación a la que pudieran sumarse otros interesados en el terreno, el Gobierno afirma que es la primera vez en la que se pueden vender solares de estas características por el precio marcado por los técnicos municipales de Urbanismo tras dos peritajes. Hasta ahora no se han podido vender ya que los precios marcados en el peritaje suelen ser elevados y ninguna empresa quiere hacer frente a esos gastos. Se trata de dos solares, de tipología terciario-industrial, valorados en 1.205.000 euros y la deuda de IPG con la empresa era de 985.000 euros, por lo que la constructora ha tenido que pagar la diferencia. Es más, tras el peritaje técnico, el metro cuadrado se vendió a 225 euros, cuando el metro de este tipo de suelos no suele sobrepasar los 120 euros, por lo que se ha obtenido la cantidad más elevada posible.

En cuanto al procedimiento, tal y como indica la ley, al no tratarse de una operación de enajenación, es decir, con el objetivo de buscar liquidez y ganancias, la legalidad ampara la venta de los solares a un tercero sin necesidad de realizar un procedimiento de pública concurrencia ya que se trata de saldar una deuda contraída anteriormente con una empresa específica. De no ser así y si se hubieran buscado beneficios, sí sería necesario un procedimiento público plural.

El alcalde de Gandia, Arturo Torró, contestó en el Pleno a las preguntas de Facund Puig. El Primer Edil afirmó que no hay ningún problema en acceder a la información pertinente y hoy ha asegurado que no hay impedimento en crear una Comisión Especial con técnicos que informen sobre el proceso, aunque el Gobierno la considera innecesaria ya que la ley ampara el procedimiento. No hay “puntos oscuros” en la venta, ya que la ley la ampara.