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Mascarell: "El PP ha sido condenado de nuevo"

    El Juzgado de la Contencioso-Administrativo nº 10 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Gandia por no facilitar al Grupo Municipal Socialista la relación de trabajadores de la empresa pública IPG. Por ello, el juez ha dado la razón al portavoz socialista, Vicent Mascarell, en el recurso que presentó para la protección de los derechos fundamentales de los concejales de la oposición.

    Mascarell ha advertido que “si en 10 días no tenemos la información requerida, emprenderemos nuevas medidas judiciales, que no se quedarían en el ámbito administrativo”.

    El portavoz socialista ha destacado que “la opacidad es la peor aliada de la corrupción, y solo aquellos que tienen algo que esconder ocultan información”. En este sentido, Mascarell ha indicado que la acción del Gobierno local del PP se ha caracterizado durante la presente legislatura por su “opacidad, despilfarro y nepotismo”.

    Hay que recordar que hace un año, un juez ya condenó al Ayuntamiento de Gandia por infringir un derecho constitucional tan importante como el acceso a la información y la participación en los asuntos públicos de los concejales de la oposición. Concretamente, el Gobierno local del PP fue condenado a facilitar las facturas de IPG del ejercicio 2011.

    “Hoy tenemos, de nuevo, una sentencia condenatoria en este sentido”, ha destacado Mascarell.

    “Existe una cosa peor que una Administración sea condenada por infringir un derecho fundamental: que sea condenada dos veces por el mismo motivo”, ha hecho hincapié el portavoz socialista. Así, Mascarell ha recordado que el concejal del PP Víctor Soler ya acumula dos condenas por infringir derechos fundamentales protegidos por la Constitución. “Estas sentencias inhabilitarían a Víctor Soler en la carrera del PP gandiense para suceder a Arturo Torró”, ha señalado Mascarell.

    Cabe destacar que el juez considera que por encima de la protección de datos de los trabajadores de la empresa pública, está el derecho constitucional a acceder a la información, “ya que se trata de empleados públicos cuyos sueldos se integran en el presupuesto municipal a través de la empresa pública”.

    Por todo ello, el fallo judicial determina que el derecho que tiene el Grupo Municipal Socialista a conocer el nombre y apellidos, la funciones, lo que cobran y cómo accedieron a sus puestos de trabajos los más de 100 trabajadores reconocidos en IPG, con lo que “se confirma que la empresa pública es una máquina de derrochar dinero público de todos los gandienses”, ha concluido Mascarell.

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