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Mascarell: "Más de 30 facturas de Gandia Protur desaparecen de los documentos contables en extrañas circunstancias"

    Más de 30 facturas de Gandia Protur han desaparecido en extrañas circunstancias de los documentos contables a que ha tenido acceso el Grupo Municipal Socialista, sólo después de ser requerido a través de un auto judicial. El auto concedía al concejal socialista Vicent Mascarell una semana para acceder a toda la relación de facturas de las empresas públicas, desde el inicio de mandato del PP, después de una sentencia que condenaba el Ayuntamiento por infringir un derecho fundamental al negarse a dar acceso al PSPV-PSOE a la documentación contable de IPG.

    Hace dos años, Mascarell requirió poder acceder a toda la relación de facturas desde 2011, un hecho al que el gobierno del PP se negó. El pasado diciembre, una sentencia condenatoria obligaba al gobierno municipal a facilitarnos el acceso. La sentencia sólo se ha cumplido seis meses y 10 escritos al juzgado después, con un auto judicial que concedía a Mascarell una semana para consultar las facturas.

    Ha sido en esa semana de consulta donde se ha descubierto que faltan más de 30 facturas de Gandia Protur, de un total de 371, que corresponden al primer verano, “en plena borrachera de poder, conciertos, grandes acontecimientos y macro fiestas del gobierno del PP”, según ha afirmado Mascarell en rueda de prensa.

    No sólo han desaparecido facturas. Entre los documentos que no se encuentran entre la relación de documentación contable está también el registro de entrada con la relación detallada de facturas, IVA y retención de IRPF, un documento “imprescindible en toda auditoría contable”, ha dicho Vicent Mascarell.

    El hecho, “grave” para el concejal socialista, ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial después de que el gobierno y el gerente de IPG negaran al PSPV-PSOE la posibilidad de que un notario certificara la ausencia de las facturas y los documentos. La autoridad judicial tendrá que determinar ahora “si nos encontramos ante un posible delito de administración desleal”. “Es el primer paso para pedir responsabilidades penales al Consejo de Administración de la empresa pública y a su gerencia”.

    Mascarell ha querido recordar que el acceso a la información no es “un capricho, sino nuestra obligación en democracia”.

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