El PSPV exige a la Generalitat que las personas con discapacidad vuelvan a tener medicamentos gratuitos
Los socialistas critican que los recortes del Gobierno valenciano “afectan siempre a las personas más desvalidas”
La concejala Liduvina Gil denuncia la opacidad de la Generalitat, que ha realizado este “salvaje recorte” sin ni siquiera informar a los afectados
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Gandia ha exigido hoy a la Generalitat Valenciana que reconozca como un derecho consolidado “la gratuidad en las prestaciones farmacéuticas, el catálogo ortoprotésico y las ayudas técnicas a las personas con discapacidad”, tal y como establece el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 11/2003, que el Gobierno valenciano derogó por la Ley 10/2012.
La concejala socialista Liduvina Gil presentará al próximo Pleno municipal una declaración institucional con el objetivo de que todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Gandia se sumen a esta “necesaria y justa reivindicación”. En este sentido, Gil ha lamentado que los recortes de la Generalitat “se centren siempre en las personas más desvalidas” y ha asegurado que la sociedad “debe actuar para salvaguardar el derecho de los más indefensos”.
Según ha explicado la edil, la Generalitat Valenciana, a través de la Ley 10/2012 de medidas fiscales para la reducción del déficit, derogó el párrafo 16 de la Ley 11/2003 sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad. Este párrafo dice que el Gobierno valenciano “garantizará la financiación gratuita” para los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo ortoprotésico y las ayudas técnicas a los pacientes menores de 18 años con un grado de misuvalía igual o superior al 33% y a los mayores de 18 con un grado igual o superior al 65%.
Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2013 “se dejaron de tramitar solicitudes de financiación gratuita” y desde el 1 de febrero la Generalitat “aplica el copago de la prestación farmacéutica y ortoprotésica”. De esta manera, “se corre el grave riesgo de que algunas personas no puedan tener acceso a una correcta atención por problemas económicos” y de que muchos afectados “no reúnan correctamente sus tratamientos crónicos por imposibilidad de costear su copago”.
A todo esto hay que sumar, según ha denunciado Gil, la “total opacidad” con la que ha actuado en este asunto la Generalitat Valenciana, “que ni siquiera ha informado a los afectados por estos salvajes recortes que se producen en sus prestaciones”.
Por todo ello, la concejala socialista ha reclamado al Gobierno valenciano “que vuelva a reconocer como un derecho la gratuidad de esas prestaciones para las personas con discapacidad”. Además, ha pedido instar a Les Corts Valencianes a tramitar y aprobar una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario socialista en febrero de 2013, que tiene como finalidad restablecer la vigencia del párrafo desafortunadamente derogado por la Generalitat en el que se reconoce ese derecho.
